El Cabildo devolverá el jueves la desaladora de Montaña Roja

El Cabildo inició ayer el trámite para devolver la desaladora de Montaña Roja a sus dueños de Club Lanzarote y dar así cumplimiento al auto judicial que ordena dicha devolución. La intención es entregar la infraestructura a sus dueños mañana jueves. Para ello, se celebró en la mañana de este martes una reunión, de apenas quince minutos, con representantes del Consejo Insular de Aguas, Consorcio del Agua, Canal Gestión Lanzarote y de la empresa Club Lanzarote.

El acuerdo a ejecutar incluirá que Canal Gestión Lanzarote solicite, a un laboratorio externo, análisis de la calidad del agua potable en la desaladora, depósitos, en la red y en la depurada. Un notario tomará fotografías del estado de las instalaciones y se constatará que las mismas se quedan funcionando.

Canal Gestión también hará inventarios de los elementos de cada instalación. Uno primero, que debe coincidir con el recogido en el informe de Canal Gestión Lanzarote, de 21 septiembre 2014 (fecha en la que se incautó la planta); y un segundo inventario, con lo que hay actualmente en cada una de las instalaciones, tras haberlas adecuado a la normativa de obligado cumplimiento y haber integrado las mejoras que a lo largo de este tiempo de incautación han sido necesarias para completar las instalaciones en Montaña Roja.

Este inventario deberá estar valorado para saber cuánto costó su consecución en materiales, con costes de empresas externas y costes propios. Y, por último, un tercer inventario de lo que se puede desgajar del segundo, sin menoscabo de que la instalación siga funcionando con seguridad, aunque no con la misma eficacia. También se tomarán fotografías de los contadores.

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, dijo ayer que «nuestra intención es acatar lo que ordenan tribunales, como no podía ser de otra forma», pero recordó que «este acatamiento de devolver la planta a Club Lanzarote me aboca, para evitar que la población de Montaña Roja quede desabastecida de agua, a permitir», sentenció, «que la empresa venda agua de forma ilegal y sin los permisos necesarios».