El reto de la mejora educativa

En los próximos días, si todo sale según lo previsto, Canarias tendrá un ley educativa propia. Ha sido necesario que la sociedad civil se organizara y recabara más de 35.000 firmas para que el parlamento canario asumiera la tarea ineludible de legislar en un asunto que la inmensa mayoría de la sociedad hemos definido como relevante. Para quienes puedan estar preguntándose si es necesario tener una ley canaria de educación, les respondo con otra simple pregunta: ¿son necesarias en materia sanitaria, en servicios sociales, en igualdad entre hombre y mujeres?. Un largo etcétera de normas han venido a regular aspectos importantes de la vida pública canaria, y sin duda la educación lo es, por eso creo que la respuesta es claramente afirmativa. Parece razonable, ante el hecho tan repetido de que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de cualquier sociedad democrática y también en su papel estratégico, que esa importancia que le reconocemos, se vea traducida en una ley que la ordene y regule. El origen de la historia educativa de nuestra comunidad nos ha colocado en una posición de absoluta desventaja con respecto a otros territorios continentales, y europeos. Mientras el País Vasco, a finales de los 80 principio de los 90 estaba trabajando para avanzar en calidad educativa, en Canarias, construíamos escuelas, e intentábamos generalizar la educación a todos los niños y niñas. Esta realidad ha generado que nuestros indicadores educativos y culturales siempre hayan estado por debajo del resto, con una clara influencia en la acción educativa, en las aulas, y no porque vengan los expertos de la OCDE y nos lo digan, sino porque todos los educadores sabemos, que los niños y niñas que proceden de contextos más favorecidos, con más acceso a la cultura y a la formación, tiene mejores condiciones para superar sus dificultades cuando las tienen. Garantizar una educación de calidad, entendida como aquella que nos enseña a pensar, a ser críticos y reflexivos con el mundo que nos rodea, que no ayuda a ser más justos y solidario, que favorece la convivencia y a ser más libres y felices, es una educación que permite construir un proyecto de sociedad canaria, tan necesaria en esta tierra. Entiendo que este es nuestro gran desafío. Todos los expertos en materia educativa así como diversos informes internacionales- incluido el informe especial de Pisa para Canarias- han coincidido en la necesidad de darle estabilidad a los sistemas educativos, suscribiendo Pactos sociales y políticos en torno a la educación. Hay que decir que frente a una anterior legislatura donde la educación en Canarias estuvo envuelta en conflictos - además de recortes permanentes- en los últimos años se han dado condiciones objetivas que han permitido un alto nivel de consenso social y político en torno a la necesidad de mejorar el sistema educativo canario. El Dictamen emitido por el parlamento canario, con el voto favorable de todos los partidos, fue el primer paso; seguido por el reciente Pacto por la Educación fraguado desde el Consejo Escolar de Canarias. Un pacto que es necesario recordar incluye la visión de toda la sociedad canaria ampliamente representada en el consejo, como máximo órgano de participación y representación de la misma- alumnos, padres, profesores, empresarios, sindicatos, administraciones, etc. Entiendo que Canarias tiene razones sobradas para tener un marco legislativo propio, que adapte el sistema educativo a nuestra compleja realidad, a las singularidades tanto territoriales como económicas, sociales y culturales que nos caracterizan. Esta será una ley que aporta elementos necesarios para abordar el reto de alcanzar el éxito escolar para todos y todas en un territorio azotado por múltiples problemas. Los retos que tiene la educación pública canaria no son pocos: reducir el absentismo, el fracaso y el abandono escolar; elevar la formación de toda la población, mejorando sustancialmente las tasa de titulación en las diferentes etapas, así como adaptar la escuela de hoy a las demandas de la sociedad del siglo XXI. Las instituciones no pueden contribuir a frustrar la demanda mayoritaria de la sociedad canaria que aspira a un gran acuerdo en el marco educativo, en la definición de prioridades, en la concreción de estrategias eficaces pero compartidas y en la implementación de recursos indispensables para mejorar el servicio fundamental. Comparto plenamente las reflexiones de Juan Carlos Tedesco, en un documento llamado Educación y Justicia: el sentido de la Educación, sobre que la educación es la variable clave en la construcción de una sociedad más justa, y para ello es fundamental superar el escepticismo con el que se percibe su papel, especialmente en las últimas décadas. El gran desafío de la escuela, asumiendo que no es la única responsable de la equidad social, es superar el determinismo social de los resultados del aprendizaje. Esta visión de la educación donde la equidad ocupa un lugar central entiendo queda patente en esta ley. Mucho nos tememos que el partido popular canario volverá a exhibir su soledad social y parlamentaria en materia educativa, al igual que lo hizo con la LOMCE . Un partido que sigue sin entender que la educación debe quedar al margen de posicionamientos adoctrinadores y de batallas partidista, para avanzar en el reto de la mejora educativa en Canarias. Desde Nueva Canarias hemos presentado un grupo de enmiendas que creemos mejorarán el texto definitivo, en una apuesta clara por una escuela canaria inclusiva, basada en la autonomía de los centros educativos para recoger las microculturas y prácticas escolares que respondan a la atención a la diversidad. Valorando las potencialidades de cada alumno y alumna, suprimiendo cualquier barrera que impida el acceso a la educación y fomentando la participación. Un escuela inclusiva que dé una respuesta real y efectiva a las necesidades educativas del alumnado. En este marco la atención a diversidad del alumnado debe ser una prioridad, teniendo en cuenta que las personas son diversas, si tenemos en cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilo de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Algunas de nuestras aportaciones, entre otras, son la apuesta por la educación infantil de cero a tres años y las escuelas infantiles públicas, garantizar que los contenidos canarios estén verdaderamente presentes en el currículo, la incorporación en la escuela de las nuevas tecnologías, la apuesta por el bilingüismo así como el reconocimiento social a la labor docente y al profesorado. Un conjunto de propuestas que estamos convencidos contribuirán a la mejora educativa que muchos deseamos.