Derribo sin precedentes en La Geria
Ricardo Pacheco, vecino de Tinajo, es de los pocos sentenciados en Canarias a tirar parte de su casa, tras una querella criminal de los ecologistas de WWF Adena, por ampliar su casa en paraje protegido sin licencia. Asume el fallo, pero lamenta ser damnificado en una zona con casos más flagrantes.
Ricardo Pacheco Perdomo está experimentando estos días la cuenta atrás para acometer uno de los pocos casos en toda Canarias de un derribo por orden judicial de una vivienda en un espacio protegido. Su caso es ejemplarizante para aquellos que impunemente construyen en parajes naturales sin permisos y se van de rositas, pero no deja de tener un trasfondo humano.
Ricardo heredó la casa de su abuelo en los límites del paraje protegido de La Geria, en un lugar idílico conocido como el Peñón del Indiano, en Tinajo. Su familia emigró en los años 50 a Venezuela y a su regreso al Archipiélago, Ricardo optó por restaurar la pequeña casa de su abuelo y ampliar su espacio para instalarse con su mujer y dos hijos pequeños. La edificación original, de unos 60 metros cuadrados de superficie, estaba en ruinas. Con paciencia, él la restauró y amplió 120 metros, sin licencias, ni permisos. Contrató a dos constructores (también condenados por sentencia de la Audiencia Provincial del pasado marzo, a un año y seis meses de cárcel y multa de 2.160 euros). En 1999 fue denunciado por la organización ecologista WWF Adena, mediante una querella criminal. Se le acusó de un delito contra la ordenación del territorio y le llegaron a pedir hasta cuatro años de pena de cárcel.
En 2011 (once años después) el juzgado le condenó a un año y seis meses de prisión (aunque carece de antecedentes) y 2.160 euros de multa, pero no al derribo, al entender que hay otras edificaciones quizás más flagrantes en la zona que permanecerán, por no ser denunciadas y entender que «no se obtendría beneficio al bien objeto de protección».
Sin embargo, Fiscalía y WWF Adena apelaron a la Audiencia Provincial, que acabó ordenando el derribo el pasado marzo, ya que la casa no puede legalizarse y «es necesario reparar el bien jurídico dañado». No se tuvo en cuenta que Ricardo gastó «una fortuna», explica, en un proyecto de legalización. De nada le ha servido, pese a que en el actual Plan Especial de La Geria, la casa cumple con la normativa. En septiembre tendrá que demoler. Tanto él como su mujer, Lourdes, dicen que están «cansados de luchar», que asumen su responsabilidad, aunque saben que hay otras edificaciones mucho más graves y se preguntan por qué les toca a ellos. Dicen que su casa cumple con la tipología de casa canaria, con muros de piedra como antes y recuerdan que después de demoler alquilarán algo para vivir, «porque aquí ya no podemos estar, en lo que quedará de casa, no cabemos».
Cumple con todos los requisitos del Plan Especial, menos en la vinculación agraria
La casa de Ricardo cumple con todos los requisitos del vigente Plan Especial de La Geria, pero no alcanza a tener vinculación agraria. Es una edificación de menos de 200 metros cuadrados; no tienen dos plantas, sino una; está en una parcela de más de 10.000 metros, tiene todos los servicios y acceso a vía pública y está rodeada de viñas con las que se produce vino, pero, según el informe de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, los rendimientos agrícolas de la finca no alcanzan el 50% de la renta familiar. Es precisamente este requisito el único que impide que la casa sea legalizada, ya que por lo demás tiene encaje en el Plan Especial. Ante esto, Ricardo y su mujer se muestran incrédulos. El propietario, que trabaja como técnico de máquinas expendedoras, y su mujer, que está en paro y cuida a dos hijos pequeños, se plantearon cultivar la tierra para cumplir el requisito, pero concluyeron que la salida es inviable. Ricardo tendría que dejar su trabajo, única fuente de ingresos.
