Dávila exige «coherencia» a Rivero en la Ley del Suelo

B. Hernández
B. HERNÁNDEZ

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila (CC), criticó este lunes la actitud del expresidente del Gobierno, Paulino Rivero (CC), por firmar un manifiesto contra el anteproyecto de la Ley del Suelo. «No se trata de lealtad ni de deslealtad», dijo, «pero sí de coherencia con lo que se firma y ocurre después».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y tras ser preguntada por las reclamaciones de los empresarios turísticos por no poder ejecutar proyectos debido a la moratoria y que han cifrado en 1.000 millones, la consejera defendió la Ley del Suelo y criticó que «quienes quisieron garantizar la moratoria, han fallado».

La normativa del anterior Gobierno -formado también por CC y PSC, dijo Dávila, «no ha venido a garantizar la seguridad que requería la ordenación del territorio y preservación del erario público». Esas mismas personas, señaló en referencia al expresidente Paulino Rivero, «han firmado un manifiesto contra la Ley del Suelo que quiere dar seguridad jurídica, para que se produzcan inversiones donde hay suelo calificado, y evitar a la Comunidad autónoma indemnización millonarias».

A juicio de la titular de Hacienda, la actitud de Rivero no responde a «la lealtad o deslealtad con este Gobierno» y le pidió «coherencia». Aseguró que «este Gobierno de Canarias quiere preservar el erario público y pelear por la defensa del interés público y le da la razón cuando promueve la Ley del Suelo». Insistió en que las sentencias judiciales vienen a dar la razón al Ejecutivo de Fernando Clavijo sobre los «riesgos» que se derivan de la «actual maraña administrativa y normativa vigente sobre ordenación del territorio, así como de inseguridad jurídica que genera».

Reiteró que el actual modelo territorial «se ha demostrado fallido» y ha llevado a litigios. Detalló que la normativa ha llevado a que 35 municipios ni siquiera hayan iniciado la adaptación a la Ley del Territorio del año 2000 o que sólo 26 hayan aprobado su planeamiento, de los que siete han sido suspendidos o anulados por los tribunales.

«Quienes quisieron garantizar el territorio y la moratoria han fracaso, es un modelo fallido que ha llevado, no sólo a una enorme inseguridad jurídica sino a una responsabilidad millonaria».