Cardona dice que el plan del canódromo 'está vigente'

Las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan la paralización del plan especial del Canódromo reflejan «el triunfo del interés general de la ciudad», según el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona. La primera valoración pública del grupo de gobierno de las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días sostiene que «en este momento, lo que queda claro es que el plan especial del Canódromo tiene plena vigencia, y que los sucesivos planes generales que fueron anulados recobran todo su vigor, y eso significa que el interés general de la ciudad ha recibido un espaldarazo del Tribunal Supremo frente a quienes se empeñaron en atacar en su momento las decisiones del ayuntamiento».

Las derivaciones de esas sentencias «deben valorarse con la serenidad que requiere el caso, no son fáciles de interpretar y se ha generado una situación jurídica que necesita un cierto reposo. Pero si mañana Realia vuelve a solicitar la licencia, tendría que dársela, porque el planeamiento está en vigor. La concesión de la licencia es un acto reglado, y si alguien la solicita, el ayuntamiento está obligado a concederla, lo contrario supondría una arbitrariedad. Lo que ocurre es que tengo serias dudas de que eso vaya a ocurrir en las próximas semanas, porque Realia tiene su propia estrategia y sabe que puede enfrentarse a una nueva cascada de pleitos». Cardona recalcó además su invitación al diálogo para acabar con el conflicto «con el único límite de que no suponga más costes para el ayuntamiento».

Para el alcalde, las dos decisiones judiciales son un «varapalo en toda regla a las pretensiones de cuatro vecinos, que no pueden identificarse con el interés general de la ciudad, porque es el ayuntamiento el que ejerce la defensa de los intereses colectivos». En ambos casos, el Supremo declara nulas las sentencias dictadas en 2007 y 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que paralizaron el plan especial del Canódromo. Cardona interpreta que «el Supremo le marca el rumbo al TSJC, tendrá que limitarse a dictar sentencia y no reabrir el periodo de prueba, y por ejemplo si alguien pide la paralización del planeamiento, deberá exigirle un aval».