Canódromo: un esqueleto de ladrillo en un laberinto judicial
Aislado como un intocable, el solar de las torres del Canódromo permanece al margen del latir de la ciudad. En un barrio bullicioso como Schamann, una valla metálica impide que se toquen el esqueleto de este edificio y los bloques que rinden culto al universo galdosiano, al parque y a la biblioteca Dolores Campos Herrero. Tan sólo un grafiti en uno de los primeros pisos y la acumulación de material de obra remedan la vida de otros edificios. Está tal y como se quedó en julio de 2009, hace ahora siete años. Tan marginado que no tiene ni okupas. La torre es la primera de las dos que proyectó la empresa Realia en la esquina más vistosa del parque del Canódromo. Y su esqueleto es lo que queda después de una intensa telaraña judicial que se ha tejido en torno a este amasijo de ladrillos desde que en 2004, la presidenta de la asociación de vecinos Avecalta, Ángeles Sánchez, denunciara la operación. Fue una época de contestación de la política urbanística de la era Soria en la que las decisiones municipales se sentaban en los banquillos con nombres de inmuebles: Canódromo, Pavía, La Favorita... En el caso concreto de las Torres del Mar, como fue bautizada la promoción de Schamann, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias convalidó la operación al incardinar el plan especial de ordenación con el Plan General de 2005; pero una sentencia posterior del Tribunal Supremo, que anuló el plan de 2000, abrió la puerta a la discusión de si la licencia era válida o no: el Ayuntamiento, en el mandato pasado, pensaba que sí porque dependía del Plan General de 2005, que además no fue recurrido; pero los vecinos entendían que no porque los planes generales de 2005 y 2012 se limitaron a recoger las consideraciones del planeamiento anulado en el 2000 por el Supremo. Sea como fuere, el caso está aún lejos de cerrarse. En estos momentos hay dos procedimientos abiertos que amenazan con eternizar aún más la solución: uno es sobre la denegación de la petición de Avecalta para que el Ayuntamiento declare la nulidad de la licencia de obra; y el otro es un recurso contra el acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en octubre de 2012, por el que se aprueba la adaptación plena del Plan General de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria. Además, el primero es recurrible en apelación y el segundo, en casación, con lo que no parece probable que la vieja torre tome cuerpo a corto plazo.
