Alba asegura ante el CGPJ que no hizo nada ilegal

ANTONIO F. DE LA GÁNDARA

El juez Salvador Alba prestó declaración este martes en Madrid durante dos horas ante el magistrado promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, defendiéndose del expediente que le imputa dos faltas muy graves y una grave.

El magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba Mesa compareció este martes durante dos horas ante el promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que le tomó declaración en referencia al expediente disciplinario abierto el pasado 8 de noviembre, en el que le imputa dos faltas muy graves y una grave por su actuación en sustitución de Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas en la investigación de la causa por delito fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez. Según ha podido saber este periódico, Alba Mesa compareció asistido de abogado defensor un magistrado en excedencia y aseguró ante Fonseca-Herrero y ante el representante del Ministerio Fiscal según algunas fuentes, este papel lo habría asumido el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas que su intervención en la causa había sido escrupulosamente ajustada a la legalidad. El jefe de los inspectores del Gobierno de los jueces, el magistrado del Supremo Fonseca-Herrero, imputa a Alba una falta muy grave del artículo 417.8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legítimamente previstas, otra también muy grave del articulo 417.12 revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona y una tercera de carácter grave de las contempladas en el artículo 418.5 del mismo texto legal, abuso de autoridad. El jefe de los inspectores cree que Alba, en lugar de investigar a Ramírez por los delitos que le imputaba el Ministerio Fiscal delito fiscal y contra la Seguridad Social se centró en buscar datos que probaran su relación comercial con el periodista Carlos Sosa para así perjudicar a la pareja de este último, la magistrada Victoria Rosell.