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Daniel Herrera
Lunes, 13 de agosto 2018, 07:38
Tanto por la forma, el tiempo y el periodo de convocatoria. Pocos detalles escapan a la crítica de la oposición pese a que el Gobierno regional ha ampliado en cinco días más los plazos para solicitar las ayudas al alquiler.
En este sentido, la consejera de Vivienda, CristinaValido, pidió disculpas por los problemas ocasionados por su convocatoria en agosto, si bien recordó también que el periodo ha estado condicionado por los cambios en Madrid, llevándose a suscribir el convenio a finales de julio.
En cualquier caso, para la diputada del GrupoPopular en el Parlamento, PepaLuzardo, es «vergonzante» que el año pasado solicitaran dicha subvención más de 7.000 personas para que al final solo fueran concedidas a 3.099 solicitantes.
A su juicio, el Gobierno parece que ha querido sacar «a escondidas» las ayudas, teniendo en cuenta la época estival en la que nos encontramos. Al mismo tiempo, recordó que en otras comunidades autónomas, como Castilla León, «estas ayudas se convocan con plazos más razonables de 30 días», por lo que solicitó que se ampliará el periodo en el caso de Canarias.
Luzardo aprovechó la jornada para acercarse al Edificio de Usos Múltiples II para conocer de primera mano las impresiones de los vecinos de la capital grancanaria que se acumulan en las importantes colas que en estos días se están generando en torno a dichas ayudas.
En similares términos se pronunció esta semana la portavoz de Podemos, NoemíSantana, quien anunció que su grupo solicitará la comparecencia, en comisión parlamentaria, de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para dar explicaciones de «por qué el Gobierno usa este mes para convocar esas ayudas».
«El abono de la ayuda se hace semestralmente. Cada seis meses: ¿Qué sentido tiene eso cuando hay que pagar mes a mes el alquiler? ¿Se lo va a explicar el Gobierno de Canarias a los arrendadores? Una ayuda de 250 euros máximo, pagado cada seis meses, ¡cómo si la gente que lo necesita pudiera permitirse estar seis meses sin comer!», explicó sin embalajes Santana, quien además recalcó que «en el marco estatal se contempla el abono de máximo 500 euros pero en las ciudades grandes se revisa una cuantía mayor y, sin embargo aquí, no se hace eso. Básicamente ven igual los precios de las viviendas en Las Palmas de Gran Canaria o La Laguna que en Ingenio o Garachico».
Asimismo, insistió en el periodo contemplado: «Dan un plazo de 15 días y en pleno agosto. ¿Qué objetivo hay detrás? No quieren que la gente lo sepa. Está hecho a hurtadillas. Mientras Clavijo se va a La Habana a un hotel de cinco estrellas, reparte migajas entre nuestra gente, con una de las tasas de pobreza más alta del país», agregó.
Por su parte, RománRodríguez, presidente de NuevaCanarias, considera inaceptables los plazos y exigió al Ejecutivo su ampliación «para evitar que muchas personas que reúnen las condiciones para acceder a las mismas queden excluidas por no realizar a tiempo los trámites necesarios».
Al mismo tiempo, rechazó que la convocatoria se realice en agosto y en un plazo de solo 15 días y recordó que el Ejecutivo de CC carece de un plan de Vivienda, llevando más de diez años sin impulsar la construcción de viviendas de promoción pública, muestra de su insensibilidad social.
También recordó que «por las fechas elegidas para la convocatoria y los plazos de la misma, se dificulta que muchas familias con escasos recursos reciban el asesoramiento necesario para tramitarlas, pues solicitan estas ayudas a través de los servicios sociales municipales, bajo mínimos este mes por el periodo vacacional. La negligencia del Gobierno canario afectará a unas 6.000 familias que, a priori, pueden ser beneficiarias de estas ayudas cuyo plazo de solicitud finaliza el 28 de agosto, disponiendo apenas de 15 días hábiles para formularlas».
Finalmente, el portavoz de Cs en Canarias, MarianoCejas, tachó de «vergonzoso» que «una vez más, y sabiendo que ya ha causado inconvenientes otros años, se vuelvan a convocar las ayudas en agosto, dando un plazo de quince días hábiles para su tramitación».
A su juicio, Coalición Canaria «ha actuado una vez más con una clara intención de perjudicar a los posibles beneficiarios porque agosto suele ser un mes en el que las administraciones están bajo mínimo para cualquier gestión y porque suele ser el mes de veraneo de muchos canarios».
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