Los fondos europeos disparan el presupuesto para vivienda hasta los 3.500 millones

El bono al alquiler joven volverá a financiarse con 200 millones de euros, la misma cantidad que este año

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZ Madrid

La política de vivienda contará en 2023 con una dotación de 992 millones de euros, un 23% más que los 806 millones de este año. Y eso sin tener en cuenta la cuantía procedente del mecanismo de recuperación de la Unión Europea (UE), el cual asciende a 2.480 millones, lo que supone unos recursos totales de 3.472 millones de euros, un 5,4% más que en los Presupuestos de 2022.

Según las cuentas presentadas este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el proyecto de Presupuestos Generales para 2023, la partida que más recursos se lleva es la construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes, dotada con 1.600 millones de euros. Además, las subvenciones a planes de vivienda recibirán 359 millones, 14 más que en 2022.

La política de vivienda ha sido objeto de debate los últimos días por las negociaciones entre los socios de Gobierno. Según la ministra de Hacienda, estos presupuestos no podían incluir una nueva ley de Vivienda cuando la del año pasado aún está e trámite parlamentario. En ella se incluye el Bono Alquiler Joven, un plan para personas de entre 18 y 35 años a los que se destinan 200 millones de euros anuales para recibir una ayuda de 250 euros al mes durante dos años. Los solicitantes deben acreditar rentas del trabajo e ingresos anuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta (Iprem), que en 2023 estará en 600 euros.

Durante la rueda de prensa, Montero reconoció que la vivienda sigue siendo una «línea roja» y exigió a las comunidades autónomas a poner estos fondos a disposición de los jóvenes «a la mayor brevedad» después de que algunas aún no hayan abierto la convocatoria para solicitar este bono joven en 2022.

En cuanto a las bonificaciones fiscales a la vivienda, la deducción por inversión en vivienda habitual baja un 11,5% hasta un gasto para el Estado de 754 millones de euros debido al paulatino descenso desde 2013, año hasta el que se mantienen este régimen transitorio.