La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. / Efe

El Gobierno se da margen en los Presupuestos para extender el plan anticrisis

Montero defiende que son «un antídoto para combatir la pobreza» por el récord de gasto social, gracias a un aumento de ingresos tributarios que darán «estabilidad» a las cuentas a pesar del complejo entorno económico

CLARA ALBA | JOSÉ MARÍA CAMARERO

El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 ha dado el primer paso para su tramitación parlamentaria, aunque nace prácticamente condicionado a la deriva de la guerra en Ucrania y los efectos económicos que pueda provocar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, entregó este jueves las nuevas cuentas públicas en el Congreso de los Diputados. Una hoja de ruta sustentada en un gasto público sin precedentes que se financiará con unos ingresos también de récord a pesar del complejo escenario de la economía para el próximo año, con un crecimiento inferior al de 2022 y un entorno marcado por la inflación y la subida de los tipos de interés.

Los ingresos no financieros se incrementarán un 6% el próximo año hasta los 307.445 millones de euros (289.233 millones si no se tienen en cuenta los fondos europeos). Una previsión que desde Hacienda califican como «extremadamente prudente», ante la expectativa de que la liquidación del Presupuesto de este ejercicio sea finalmente superior a la estimada gracias al buen comportamiento de la recaudación por impuestos, sobre todo IRPF e IVA. Por su parte, el gasto superará los 453.000 millones, un 7,6%. De esta cuantía, un 60% irá destinada a partidas «sociales», de nuevo una cifra histórica. Sin embargo, la realidad de los números revela que solo entre pensiones, sueldo de los funcionarios e intereses de la deuda pública se irá la mitad del Presupuesto.

La situación de las cuentas públicas es hasta tal punto mejor de la esperada por Hacienda antes de que comience 2023 que el departamento dirigido por María Jesús Montero asegura contar con la suficiente «holgura y margen» para hacer frente a la guerra y la inflación. El Gobierno no espera que estos riesgos desaparezcan en el corto plazo. Todo lo contrario. Asume que el conflicto se extenderá hasta bien entrado el próximo año, por lo que así tendrán que hacerlo también las medidas de su plan anticrisis que vencen el 31 de diciembre.

El Ejecutivo no contempla en los nuevos Presupuestos ninguna de ellas, salvo la gratuidad de los billetes de Cercanías y Media Distancia, con un coste de 660 millones de euros previstos para el nuevo año. Pero fuentes gubernamentales confirman que, durante noviembre o diciembre, se aprobará un nuevo plan para prorrogar «la mayoría de las medidas». Dentro de las que ya están vigentes destacan, por ejemplo, las rebajas a los impuestos eléctricos o la bonificación de 20 céntimos a los combustibles.

Es decir, habrá más gasto en un contexto en el que la previsión apunta a que el crecimiento económico se moderará al 2,1% el próximo ejercicio, frente al 4,4% previsto para este año. Una cifra excesivamente optimista a juicio del Banco de España, que el mismo miércoles ajustaba su previsión para 2023 respecto a la del Gobierno en siete décimas, hasta el 1,4%.

Ingresos: 389.927 millones de euros


Gastos: 455.978 millones de euros

Pese a estas dudas que genera el plan, el Ejecutivo confía en la mejora del empleo y de la demanda nacional para sustentar su política de gasto sin entorpecer el objetivo de reducir el déficit del 5% previsto para este año al 3,9% en 2023. «No aspiramos a ir más deprisa en los objetivos de consolidación pactados con Bruselas», señaló Montero durante su comparecencia.

Gasto social

La tarea resultará compleja. Según la hoja de ruta acordada, seis de cada diez euros del total presupuestado se destinarán a gasto social (266.719 millones de euros), con especial atención en educación, vivienda, dependencia y atención primaria. Sin embargo, serán las pensiones las que se lleven la mayor 'mordida' de esta parte del presupuesto, con una revalorización del 8,5% conforme al IPC previsto.

En total, esta partida se comerá 190.687 millones de euros del gasto pactado, cerca de 20.000 millones más que este año y en torno a un 40% del gasto público total. Una cifra a la que hay que sumar la subida del sueldo de los funcionarios, con un coste en 'gastos de personal' estimado en más de 20.500 millones de euros.

A todo ello habrá que sumar otras medidas anunciadas como el incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la prórroga de la bonificación en el transporte público, así como la ayuda de los 250 euros al alquiler para jóvenes.

Las nuevas cuentas públicas son, a juicio de Montero, «un antídoto contra la pobreza, la desigualdad y la esperanza». Durante una larga comparecencia ante los medios, la ministra insistió insistió en el papel que juega el Estado para lograr ese objetivo frente a la posibilidad de que cada ciudadano tenga que asumir el coste del Estado del Bienestar.

«Los servicios públicos son la garantía para el ciudadano, motor de empleo y tractor de innovación», insistió, recordando el papel de esos servicios públicos proporcionados por las administraciones públicas permiten ahorrar unos 11.000 euros por hogar al año. Es la respuesta a la idea lanzada por la oposición de que el dinero no debe estar en manos del Estado sino de los ciudadanos para que lo gestionen según su conveniencia.

Otra parte importante sobre el gasto total será el que el Estado destine al pago de la deuda pública, estimado en 31.200 millones de euros. Las tres partidas juntas (pensiones, sueldos públicos y deuda), suponen de hecho el 54% del total del gasto público planteado por el Gobierno.

Pero hay más novedades. Por ejemplo, el polémico incremento del 25% en el gasto en defensa o el plan para recuperar el 60% de la base reguladora desde los seis meses de prestación que, según calculan desde el Ejecutivo, beneficiaría a unas 300.000 personas.

El proyecto de Presupuestos también incluye el paquete de medidas energéticas que las cuentas públicas pueden incorporar y que seguirán en vigor a partir del 1 de enero: aumentan las ayudas a consumidores electrointensivos, por importe de 65 millones de euros, así como el incremento de 102 millones de euros en la dotación que financia el bono social térmico (el pago único que reciben los hogares acogidos al bono social eléctrico). También se prorroga la suspensión del impuesto de generación eléctrica, que pagan las compañías generadoras de luz, así como los cargos del recibo, que seguirán reducidos temporalmente.

Ingresos

Para financiar todo este despliegue y la previsible extensión de las medidas anticrisis, el Gobierno se apoyará, sobre todo, en la recaudación tributaria. De la cifra total de ingresos, 262.781 provendría de los ingresos por impuestos, que se incrementarán un 7,7% gracias al tirón del IRPF y del impuesto de Sociedades, que crecerán también en un 7,7% hasta los 113.123 millones y los 28.519 millones de euros, respectivamente. También se espera que los ingresos por IVA aumenten un 5,9% hasta los 86.000 millones, a pesar de que la previsión sobre el consumo privado ha bajado 1,2 puntos respecto a las previsiones de julio, del 2,5 % al 1,3%.

Por su parte, la recaudación por impuestos especiales subirán un 8,2% superando los 22.000 millones.

Novedades fiscales

Además, el próximo año ya se empezarán a aplicar algunas de las novedades fiscales que, aunque no se incluyan dentro de los Presupuestos, sí impactarán en la recaudación total del ejercicio. Entre otras, el nuevo impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas con el que el Ejecutivo espera ingresar 1.500 millones el próximo año (y otros 1.500 en 2024).

El proyecto de Presupuestos sí incluye finalmente los impuestos a energéticas y banca (como aportación patrimonial) y otras medidas anticipadas por Hacienda, en este caso para beneficiar a las rentas más bajas. Entre ellas, la ampliación de 14.000 a 15.000 euros en el límite exento de declarar. También se incorpora la subida de un punto, hasta el 27%, del gravamen para rentas del capital entre 200.000 y 300.000 euros. Asimismo, se eleva hasta el 28% el gravamen para rentas del capital superiores a 300.000 euros.

El plan incluye además una rebaja de cinco puntos porcentuales en el IRPF para los autónomos por módulos y el recorte del 25% al 23% en el tipo de Sociedades aplicado a las pymes que facturen hasta un millón de euros. Por último, se recoge la bajada del IVA al tipo superreducido de los productos de higiene femenina, a los que se suman otros como los anticonceptivos.

Con las cifras ya sobre la mesa del Congreso, el crecimiento de la recaudación respecto al año anterior (18.710 millones de euros) se quedará por debajo de los 26.344 millones de euros que se espera que crezca el gasto social. Es decir, ante este histórico despliegue, la buena marcha del ciclo tendrá que acompañar a las políticas discrecionales acordadas si el Gobierno quiere mantener el ajuste del déficit comprometido con Bruselas.