El Estado tendrá casi que duplicar el crédito para pagar las pensiones

La subida del 8,5% eleva el gasto del sistema por encima de los 190.000 millones e impide al Gobierno cumplir su promesa de déficit cero

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

El Estado, un año más, vuelve a acudir al rescate de la Seguridad Social, cuyas cuentas no estarán saneadas a final de 2023 tal y como había prometido el Gobierno al inicio de la legislatura. La histórica subida de las pensiones del 8,5% –en línea con la escalada del IPC­– incrementará de forma significativa y hasta niveles récord las transferencias desde los presupuestos al sistema (con dinero recaudado de los impuestos y no de las cotizaciones) para poder pagar las nóminas de los más de nueve millones de pensionistas, al tiempo que prácticamente duplicará su crédito. Así, la Seguridad Social recibirá en 2023 un total de 38.904 millones de euros en aportaciones del Estado, un 7,2% más que en 2022, según consta en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Elevar las pensiones con los precios para mantener el poder adquisitivo de los jubilados supondrá un extra de casi 20.000 millones, que tensiona aún más unas cuentas de la Seguridad Social que llevan años en números rojos. El gasto que tendrá que afrontar en 2023 supera por primera vez los 200.000 millones, de los cuales prácticamente todo, 190. 687 millones, se destinarán a pagar las prestaciones sociales, un 11,4% más que un año atrás. Por primera vez más de un 40% de todo el presupuesto va a las pensiones. Más concretamente, el abono de las prestaciones contributivas supondrá un desembolso de 166.777 millones.

Suben las cotizaciones

Pese a que los ingresos por cotizaciones se elevan una décima más que los gastos, un 11,5%, esos 152.075 millones de euros que se recaudarán se quedan muy por debajo de lo que se necesita para que el sistema sea plenamente contributivo. Este fuerte aumento se debe, además de a la mejora del empleo, al incremento del 8,6% de las bases máximas de cotización que fijan los Presupuestos, en línea con el alza de las pensiones.

Para equilibrar este desequilibrio entre ingresos y gastos, el Gobierno se ha visto abocado también a casi duplicar el crédito que le hace al sistema: 10.004 millones de euros el próximo año, un 43,3% más que los 6.982 millones que le prestó en 2022. Con los Presupuestos de 2023 el Gobierno renuncia a cumplir con dos de los objetivos que se había propuesto al inicio de su legislatura: no aumentar los préstamos, que elevarán de nuevo la deuda de la Seguridad Social ­–que superará los 100.000 millones–, y, a su vez, no dejar las cuentas equilibradas, puesto que el compromiso que se había marcado el ministro José Luis Escrivá era terminar con el déficit que arrastraba desde hace ya muchos años al liberarla de sus gastos impropios.

Bien es cierto que se ha ido reduciendo en estos dos años y la previsión es que en 2023, coincidiendo además con el final del mandato del actual Ejecutivo, se mantenga en el 0,5% con el que cerrará este ejercicio, casi 7.200 millones de agujero.

Significa esto que los PGE se hacen cargo de gastos impropios del sistema (concretamente por una cuantía de 19.888 millones) que antes se pagaban a través de las cotizaciones, como son la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos, las reducciones y subvenciones en la cotizacion, la integración de lagunas de cotización, el complemento de maternidad de las pensiones, el coste derivado de las jubilaciones anticipadas, las pensiones en favor de familiares, así como algunos otros complementos o conceptos.

Se está ya muy cerca de que el Estado asuma todos los gastos impropios del sistema, que un informe elaborado desde el departamento de Escrivá cuantificó en 22.871 millones de euros.

Dinero para la hucha

Este recorte es consecuencia directa de que en estos Presupuestos se avanza en la recomendación realizada por el Pacto de Toledo de sacar los gastos impropios del sistema para mejorar su sostenibilidad. Así, las transferencias directas ganan peso y se incrementarán el próximo año hasta los 19.888 millones de euros, casi 1.500 millones más que un año atrás. De esta forma, los PGE se hacen cargo de partidas que antes se pagaban a través de las cotizaciones, como son la prestación contributiva por nacimiento y cuidado de hijos, las reducciones en las cotizaciones (entre ellas las que se incluyen las nuevas de las empleadas del hogar), la integración de lagunas de cotización, el complemento de maternidad de las pensiones, las jubilaciones anticipadas, las pensiones en favor de familiares, así como algunos otros complementos o conceptos.

Se está ya muy cerca de que el Estado asuma todos los gastos impropios del sistema, que un informe elaborado desde el departamento de Escrivá cuantificó en 22.871 millones de euros. Pero cuando se haga no servirá para cuadrar las cuentas ante el mayor gasto.

Pese a persistir este déficit, los presupuestos contemplan llenar la hucha de las pensiones con casi 3.000 millones procedentes de la sobrecotización del 0,6% que establece el nuevo mecanismo de equidad generacional.