Más de 30 colectivos reclaman al Gobierno que la vivienda sea «un derecho y no un privilegio»

La vivienda en Canarias lleva décadas siendo de las preocupaciones principales de los residentes isleños, que ven como cada vez tienen que dedicar un mayor porcentaje de sus ingresos si quieren vivir por su propia cuenta. La escasez de suelo, los incrementos del precio del alquiler, la proliferación de viviendas turísticas y la inseguridad jurídica de los propietarios son algunas de las circunstancias que han causado esta situación.

Este sábado 5 de abril más de 30 organizaciones sociales unirán fuerzas para reivindicar el derecho de todos los canarios a una vivienda digna y que el Gobierno regional empiece a tomar medidas «reales y no cosméticas como hasta ahora» para conseguir que la vivienda deje de tratarse como «una mercancía».

La concentración tendrá lugar las 12.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto del Rosario, además de en diferentes puntos del territorio nacional.

Durante una rueda de prensa celebrada en la Plaza del Pilar en la capital grancanaria, mismo enclave en donde se celebrará este sábado la concentración, el colectivo Derecho al Techo exigió a las administraciones públicas canarias que empiecen a «tomar medidas drásticas» para solucionar la emergencia habitacional en la que está inmersa Canarias, como por ejemplo, la paralización de los cinco desahucios que se dan a diario en el archipiélago.

Por este motivo, solicitan que se deje de contar con la Sareb, que no deja «de ser una empresa creada con dinero público para salvar a los bancos privados», resaltó Isabel Saavedra, abogada y portavoz de la plataforma Derecho al Techo.

El propio Gobierno regional fue quien dio a conocer que en el archipiélago existen más de 211.000 viviendas vacías (casi el 20% del total del parque habitacional). Desde la asociación indican que existen 180.000 solicitantes de vivienda pública o asequible y el Gobierno no está haciendo lo suficiente por habilitar esos inmuebles que supondrían un gran desahogo de la presión habitacional que sufren las islas.

Este movimiento apoya que se utilice el mecanismo de zona tensionada para limitar el precio máximo de los alquileres, que aseguran, «esta sociedad capitalista ha convertido en un mercado cuando no debería ser así». Denuncian que los salarios de los trabajadores isleños, los más bajos del país son insuficientes para hacer frente al pago de unos alquileres que son de los más altos del Estado. «En zonas como Guanarteme el metro cuadrado está a 15 euros, es una barbaridad», apuntó Saavedra.

Del mismo modo, citando un estudio, criticó que zonas como el istmo de Las Palmas de Gran Canaria se hayan convertido en un «parque temático» que tiene más viviendas vacacionales en el mercado que viviendas de alquiler residencial, algo que provoca que los jóvenes canarios no puedan emanciparse ni construir sus propios hogares. Hay que recordar que en los últimos diez años solo 4,5% de la vivienda construida en Canarias (47.500) es vivienda protegida (2.172).

Saavedra defiende que es el Gobierno quien tiene las competencias en la declaración de zonas tensionadas y que es un instrumento amparado por la Ley Estatal de Vivienda, y que ya funciona en otros destinos como Barcelona donde el precio del alquiler ya ha caído un 6%.

No obstante, admitió que esto lleva «trampa» y es que los propietarios están pasando a un alquiler temporal, el cual tiene que ser «vigilado e inspeccionado».

Sobre los incentivos fiscales que se incluyen en la campaña de la declaración de la renta de en materia de alquiler, celebró que se intente «favorecer» a los propietarios que pongan viviendas en alquiler. «No podemos criminalizar a los propietarios, porque no son todos malos. Hay que premiarlos, en el sentido de que se les garantice que recibirán su renta pase lo que pase. Hay familias que dejan de comer para pagar el alquiler, afirmó con rotundidad Saavedra.

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