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La emergencia habitacional en la que se encuentra inmersa las islas es una de las principales preocupaciones de la sociedad canaria. Una crisis que según un estudio universitario llevado a cabo por las dos universidades públicas canarias, se debe a que durante las últimas décadas, las instituciones públicas han gestionado la vivienda «como una mercancía» y no como «un derecho» por lo que las políticas públicas deben ahora orientarse hacia la «desmercantilización», para que todas las personas puedan tener acceso a un espacio «digno, asequible y de forma continuada».
Los problemas de vivienda en Canarias se centran fundamentalmente en la escasez de oferta, la cual contribuye a su vez a incrementar los precios. La tasa de esfuerzo que tienen que realizar las familias isleñas para poder afrontar los gastos derivados de la compra de una vivienda es «notablemente alta» en comparación con otras regiones del país, lo que plante dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del mercado inmobiliario en las islas.
En los últimos 30 años, desde 1995, el precio por metro cuadrado en Canarias ha pasado de apenas superar los 500 euros a los 1.785 euros a finales de 2023 en caso de la provincia de Las Palmas y a 1.698 euros en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
El estudio revela que existen muchas variables que pueden explicar las diferencias entre las provincias canarias y el resto del Estado pero hay una que destaca por encima de todas, el turismo y la presencia activa de extranjeros en el mercado inmobiliario son una singularidad característica de las islas.
Desde que explotase la crisis económica entre 2007 y 2008, el porcentaje de extranjeros que han comprado vivienda en Canarias supera al del resto del conjunto nacional, observándose un pico en el interés de este colectivo por los activos inmobiliarios justo en los años centrales de la crisis.
Mientras que los precios medios en Canarias no han alcanzado todavía la media nacional, esta demanda por parte de extranjeros si está claramente por encima, haciendo más llamativo el esfuerzo que los canarios realizan para adquirir una vivienda.
Otro fenómeno que también tiene un gran impacto sobre la vivienda son los alquileres vacacionales, cuya ocupación está por encima del 80% en todas las localidades, convirtiéndose en competencia de la vivienda ya sea habitual o para alquiler a largo plazo, al introducir un elemento de tensión en el mercado y dificultar el acceso a la vivienda por parte de la población local.
A nadie se le escapa que los precios se han acelerado en los últimos años, de forma que la distancia que los separaba de los precios nacionales se ha mermado considerablemente. La renta media por hogar se sitúa en torno a los 30.000 euros, que de no subir hará todavía más difícil el acceso a la compra de una vivienda.
El estudio refleja que esta competencia entre vivienda de larga y corta duración se da en un contexto de escasa promoción de vivienda nueva. No obstante, consideran que esta promoción de vivienda no desdeña la construcción de vivienda asequible, ya que la promoción necesita «volúmenes significativos para mantener su producción en el tiempo».
El estímulo a la vivienda para venta o alquiler asequible, precisa de una planificación urbana que está en manos de los municipios y comunidad autónoma, determinando usos de suelos para vivienda asequible, y condiciones para que esta actividad resulte atractiva para los promotores, siendo consciente de que la rentabilidad pueda ser menor que otras alternativas de construcción, que se compensa con las expectativas de construir de forma continuada y con volúmenes significativos; para cual es clave «un desarrollo urbano con este propósito y una visión de muy largo plazo», indica el informe.
El estudio está promovido por la Fundación CajaCanarias y cuenta con 35 autores de las dos universidades públicas canarias, cinco universidades españolas y de tres instituciones públicas y privadas.
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