Canarias ve bien que se limite el precio del alquiler donde falten viviendas

27/02/2019

El Gobierno canario espera que una ley estatal establezca límites a los precios del alquiler de viviendas en aquellos territorios "donde no haya casas para su población residente", una situación que ya afecta algunas regiones españolas y que empieza a darse en zonas de algunas islas.

"Empezamos a tener problemas porque no tenemos los profesionales para atender a los turistas que duermen en determinadas zonas y no los tenemos porque no tienen donde vivir. Al final, estamos dando un servicio precario por falta de mano de obra. Es la pescadilla que se muerde la cola y habrá que regularlo de alguna manera", dijo este martes la consejera regional de Vivienda, Cristina Valido (CC).Al presentar el balance de gestión de este área, Valido se ha referido a este fenómeno, al ser preguntada por su opinión, y ha considerado que "habrá que establecer cuál es el porcentaje o la cantidad de viviendas para residentes que debe tener un municipio en función de su población".Valido ha afirmado que, en ausencia de una ley estatal, las autonomías carecen de competencias para limitar el precio de los alquileres, "ni siquiera en materia de alquiler vacacional, como se ha visto en Canarias, donde parece que ha imperado el derecho del propietario sobre la intención de la administración pública de ordenar el sector", ha dicho en referencia a los fallos del Tribunal Supremo que han anulado medidas del decreto que regula en las islas este segmento del mercado inmobiliario.Tras decaer en el Congreso el decreto del Gobierno del PSOE que planteaba una reforma del mercado del alquiler, y que CC apoyó, ante la ausencia de respaldo de Unidos Podemos, "grupo que entendió que era muy tímido y que aspiraba a que se hablara de máximos", la consejera ha opinado que habrá que esperar a que el Estado "vuelva a asumir este debate y trate de buscar una salida".A su juicio, "se pueden establecer unos máximos del precio del alquiler y regular en función de la tipología de la vivienda"."Si el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, habría que plantearse que en determinados espacios del Estado español donde el número de viviendas de carácter residencial es claramente insuficiente para la población residente habrá que establecer excepciones, que tendrán que pasar, probablemente, por una limitación de los precios para que las pocas viviendas que haya sean accesibles", ha argumentado.Para Cristina Valido, "la explotación de la propiedad privada es importante, pero también lo ha de ser garantizar el derecho a la vivienda de muchas familias que no tienen acceso" a una.Tras liquidar la deuda de unos 25,5 millones que encontró su equipo en el área de Vivienda cuando tomó posesión, en 2017, como consecuencia de la década de crisis económica anterior, en la que dejaron de venir a Canarias o lo hicieron en menor medida fondos estatales para este ámbito, una de las prioridades fue elaborar el nuevo plan 2019-2022, que prevé aprobar próximamente el Consejo de Gobierno.Valido ha detallado que en estos dos últimos años la Consejería que dirige ha invertido 8,3 millones en el mantenimiento y conservación del parque público de vivienda, partida a la que se ha sumado otra de 3,5 millones correspondiente a acciones similares en 2.518 inmuebles de Visocan.En este tiempo, el Gobierno canario ha promovido la construcción de 110 viviendas de protección oficial, a las que se prevé que se sumen otras 200 en Arrecife (Lanzarote) cuando se haga "la cesión correcta del suelo" donde se ejecutarán, y otras en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria).Valido ha asegurado que la concesión de ayudas al alquiler ha sido "una apuesta indiscutible" de su equipo, si bien ha admitido que la creciente demanda ha generado más trabajo, lo que se ha traducido en una mayor demora en la resolución de los expedientes, por lo que está en marcha la contratación de veinte efectivos para dar salida a esta "acumulación de tarea".Con todo, la consejera prevé que el próximo mes de mayo, como ocurrió el pasado año, se publiquen las listas definitivas de beneficiarios de estas ayudas.Según los datos aportados por el Ejecutivo regional, en 2017 se presentaron 7.013 solicitudes de las que 3.258 resultaron favorables, lo que supuso una inversión de 4,8 millones de euros.Para los años 2018 y 2019 se ha habilitado una partida global de 17,5 millones, a razón de 8,7 millones por ejercicio.En 2018 se presentaron 12.004 solicitudes en el cupo general y 5.482 en el cupo joven.Entre 2017 y 2018 las obras de regeneración, rehabilitación y regeneración urbana beneficiaron a 5.685 viviendas de 41 áreas, en las que figuraron, por primera vez, municipios pequeños como Santa Brígida, Gáldar, Mogán, Agaete, Vallehermoso, El Tanque, Candelaria o Santa Cruz de La Palma, ha detallado la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León.De Léon ha destacado que estas actuaciones cuentan con un presupuesto cuatrienal de 65,4 millones de euros.