Una sentencia amenaza el modelo de Ryanair

La demanda de un expiloto, estimada parcialmente por un juzgado de Tenerife, podría cambiar sus relaciones laborales. Dicho trabajador solicitó hace año y medio la declaración de la relación laboral entre ambas partes y el abono de las cotizaciones sociales correspondientes a los siete años trabajados en la compañía gaélica. Sin embargo, la dirección de la aerolínea irlandesa se opuso alegando la falta de jurisdicción de la justicia española al carecer la empresa de cualquier domicilio en España.

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Sin embargo, el punto más sangrante del proceso es que la aerolínea negó que existiera una relación laboral entre el piloto y la compañía.

Aunque la sentencia no es firme, la magistrada da la razón en los dos asuntos esenciales al trabajador. Por un lado, se considera probado que el piloto estaba asignado a la base de Tenerife y que, por lo tanto, prestaba sus servicios en territorio español. “Es cierto que Ryanair no dispone de domicilio, agencia o delegación en nuestro país, pero sí dispone de otra representación en España” y, prosigue, “cabe considerar como domicilio el lugar en el que se desarrolla la actividad laboral o profesional no ocasional, como era el caso de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife”.

Como contrate, la aerolínea ha insistido, como una de sus principales bazas para la defensa, que no admite ninguna jurisdicción que no sea la irlandesa, con un marco laboral mucho más favorable a la empresa que al empleado. En cualquier caso, la sentencia de Tenerife –si deviene en firme– puede suponer toda una amenaza a este modelo de relaciones laborales. Cabe recordar que ya han habido antecedentes similiares en sentencia de pilotos tanto en Holanda como en Bélgica, si bien el debate se encuentra aún muy abierto.

Por otro lado, la jueza constata lo obvio, que había una relación mercantil entre Ryanair, a través de la sociedad instrumental Bookfield Aviation International y el piloto, que le facturaba por medio de otra sociedad irlandesa llamada Franylee, como le indicaron que debía hacerlo en el momento de empezar a trabajar, en el 2009. Pero esta relación mercantil –que perjudicaba al piloto al obligarle a darse de alta como autónomo para cotizar a la Seguridad Social– escondía otra realidad: una relación laboral plena.

En este caso –siempre según la sentencia–, Ryanair no asumió jurídicamente la posición empresarial” que le correspondía, se sirvió de lo que el Estatuto de los Trabajadores define como una “interposición en el contrato de trabajo” e impuso “un contrato simulado” entre Bookfield y el piloto para esconder “un contrato efectivo de trabajo” con su capitán de vuelo. Para afirmar que hay un contrato real, la juez concluye que en el caso concreto se da “una suma de indicios que ­sirven para establecer una convicción sobre el tipo de vínculo existente”.

En concreto, el demandante tenía un puesto de trabajo concreto que no podía ser cubierto por otra persona, reunía todas las características del desempeño por cuenta ajena –usaba los medios de Ryanair, cumplía órdenes, llevaba uniforme, tarjeta identificativa, tenía salario fijo sin capacidad de negociación y estaba totalmente subordinado a la empresa– y era, a todos los efectos, un empleado más. En consecuencia, la juez declara la existencia de la relación laboral y condena a Ryanair y la instrumental Bookfield al pago de los 26.584 euros que adeudaba al piloto.

Esta sentencia aterriza en un contexto más que complejo para la compañía. Y es que el Sepla ha presentado una demanda en la Audiencia Nacional para exigir a Ryanair que aplique a los pilotos de sus 13 bases españolas la legislación laboral del país y no la irlandesa, si bien la traca final se espera el próximo 28 de septiembre, fecha en la que está convocada una huelga en España por parte de los tripulantes de cabina.