La vivienda vacacional se desmarca de la falta de pisos y los altos precios del alquiler

Este incremento también viene provocado, según Ascav, por la implantación de la nueva Ley de vivienda, que lo que ha causado es «retraer» prácticamente un 30% el alquiler de larga instancia y de ahí, casi un 70% ha ido a parar al mercado de la vivienda vacacional, ocasionado por la «falta de certidumbre y la inseguridad jurídica que genera la ley», apuntó Javier Martín, gerente de Ascav.

Desde la agrupación destacan que pese a que la vivienda vacacional ya supone el 36% del total de las camas turísticas del archipiélago, éstas solo suponen un 4,32% del parque total de vivienda por lo que según Martín es «prácticamente imposible que se le pueda atribuir a la vivienda vacacional la responsabilidad del incremento tanto en los precios del alquiler como de la falta de vivienda», pues su presencia, sobre todo en los municipios residenciales, es «insignificante y testimonial».

En concreto, en esos municipios su presencia oscila entre el 1,06 y el 3,64% del parque total de viviendas. Algunas de las ciudades más grandes de las islas como Santa Cruz de Tenerife se sitúa en un 1,52% del parque, Las Palmas de Gran Canaria en un 2,20% y La Laguna un 1,06%.

El gerente de Ascav explicó que la nueva Ley de Vivienda ha hecho que un 30% de la oferta de alquiler de larga temporada en Canarias haya optado por otras opciones que «les den mayor seguridad» tal y como cerrar el inmueble, dedicarlo a alquiler de corta temporada, el alquiler vacacional o venderlo a extranjeros ya que, «a mayor demanda y menor oferta los precios se disparan».

Para Martín, este bucle de falta de vivienda en el que se ve envuelto la sociedad canaria solo se puede frenar con «incentivos y garantías al alquiler, con promociones privadas, con trámites administrativos y burocráticos que no sean tan tediosos», aludiendo a que en muchas ocasiones el trámite de una licencia se puede demorar hasta dos años.

A su vez, quiso recordar que el derecho a la vivienda digna es «tan constitucional como el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de empresa», por lo que si a esto se une también que el 36% de la población canaria, casi 780.000 personas, se encuentran actualmente en riesgo de pobreza y exclusión social, es que en algo «se está fallando».

De hecho, el informe elaborado por Ascav en colaboración con el director de la Cátedra de Territorio Sostenible y Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL), Eduardo Parra revela que las viviendas vacías quintuplican a las viviendas vacacionales en toda Canarias. En las distintas capitales y teniendo en cuenta que la unidad de medida es por cada 100 habitantes las cifras son las siguientes: en el caso de Arrecife y Puerto del Rosario apenas hay una vivienda vacacional por cinco y 3 vacías respectivamente. En Las Palmas de Gran Canaria es similar pero frente a casi siete vacías.

En Santa Cruz de Tenerife el contraste es especialmente significativo, con 0,71 viviendas vacacionales frente a 8,06 vacías. En San Sebastián de la Gomera yValverde, 1,96 frente a 10,14 y en Santa Cruz de la Palma, 1,21 frente a 10,29.

Por su parte, la presidenta de Ascav, Doris Borrego volvió a defender la posición del alquiler vacacional como un generador de riqueza y empleo, subrayando que con un incremento del 30% durante 2023, la vivienda vacacional es la responsable de la creación de 43.000 empleos directos en las islas. «Hablamos de un impacto económico de más de 2.500 millones de euros solo por alojamiento», permitiendo recaudar más de 140 millones de euros de IGIC y permite que se quede en Canarias el tramo autonómico del IRPF de esos arrendamientos. «Nunca nos hemos negado a contribuir con el IGIC porque trabajamos por el bienestar de toda la sociedad canaria».

El gerente de Ascav, Javier Martín explicó que en el colectivo no está «preocupado» ante la reciente aparición de las casetas de campaña o propuestas similares y asegura que «no son vivienda vacacional. Igual que tampoco es un hotel, ni una villa ni una casa rural tampoco se le puede atribuir la condición de vivienda vacacional».

Martín señaló que desde Ascav quieren ser «contundentes» en ese aspecto y habló de que llevan mucho tiempo cumpliendo «obligaciones» para hacer valer sus derechos y que lógicamente, este tipo de propuestas lo primero que hacen es perjudicarles.

La presidenta de Ascav, Doris Borrego señaló que es lógico que los grandes hoteleros vean al alquiler vacacional como un «peligro», al ser un sector que no para de «crecer y profesionalizarse» en las islas. «Entiendo que otros agentes teman que se les está arrebatando parte del pastel».

Ascav también informó que dentro del 36% de viviendas vacacionales que hay en Canarias, el 75% de esas plazas, se encuentra en manos de familias canarias, el otro 25% está en manos de grandes tenedores o inversores.

La asociación defiende también que la vivienda vacacional hace que prolifere un tejido empresarial y profesional que permite a los jóvenes del archipiélago disponer de una oportunidad en el sector turístico local.

De la misma forma, comentaron que muchas familias utilizan este complemento de renta para que sus hijos puedan estudiar fuera, recibir atención sociosanitaria, subsistir o mejorar su calidad de vida.

Por último señalaron que el exceso de regulación no es el camino y que la solución de la emergencia habitacional tiene que partir de la planificación urbanística.