Polémica en el negocio turístico

La vivienda vacacional lleva a los tribunales al Gobierno, que avisa que la norma no se retrasará «ni un minuto»

Como apuntó su gerente, Javier Valentín, la Consejería de Turismo ha vulnerado la Ley de Transparencia al negarse a proporcionar la información pública de la consulta pública. «Nos hemos dado cuenta que el 70% de las personas que participaron en la consulta pública estaban en contra de la ley y el Gobierno de Canarias ha hecho caso omiso a esta mayoría de ciudadanos. Queremos saber qué intereses hay», manifestó.

La demanda presentada por ASCAV contra este departamento por «inadmitir el acceso a la consulta pública» ya ha sido admitida a trámite, según manifiestan, tramitándose actualmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La asociación señala que el 7 de diciembre efectuó la solicitud a Turismo de una copia íntegra de las alegaciones presentadas en el trámite de consulta pública, solicitando que se entregaran anonimizadas.

Las declaraciones de la Ascav, cuya demanda ha sido admitida a trámite, fueron respondidas de forma rápida por el director director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, quien advirtió a la Ascav de que, pese a su demanda, la ley del alquiler vacacional no se retrasará «ni un minuto». Rodríguez aseguró que desde la Ascav «se había faltado a la verdad» en su demanda contra el Ejecutivo canario por el acceso a las alegaciones al proyecto de ley de alquiler vacaciona.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez afeó el planteamiento de la denuncia de la Ascav en los tribunales a la Consejería de Turismo del Gobierno canario «por negarse a facilitar la documentación relativa a las más de 5.000 alegaciones» presentadas en la consulta pública sobre la futura ley sobre el uso turístico de las viviendas.

Rodríguez explicó que forma parte del derecho de la Ascav la demanda pero lamentó que se «falte a la verdad y se transmita inseguridad jurídica» porque, según ha comentado, al acceder a la resolución se esgrime la denegación por dos motivos, uno de ellos porque «no necesariamente tienes que acceder de inmediato a conocer íntegramente cada una de las alegaciones de las 5.083 personas».

Además, agregó que «no ha habido ocultación» y ha mostrado su discrepancia a las formas tomadas por la Ascav en unas actuaciones de la Consejería de Turismo y Empleo que ha tenido «una transparencia ejemplar».

«Cualquier ciudadano de Canarias que quiera saber lo que pasa se va al resumen ejecutivo, verá sobre qué iban y se hace público cuando he firmado la remisión del expediente a la sala de lo contencioso», indicó.

Ante esto, denuncia ASCAV, la Consejería de Turismo «se ha limitado a realizar un 'Informe definitivo de la necesidad normativa'», con el objetivo de obtener «el respaldo necesario que justifique su normativa antivivienda vacacional». Informe en el que, según detalla, se clasifican las consultas en grupos en función de los criterios del propio departamento, pero «sin permitir el acceso al contenido mismo de las alegaciones propiamente dichas».

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional tilda de «grave», que el Ejecutivo canario haya «ocultado» a la ciudadanía que «más del 70% de las alegaciones fueron en contra de la futura ley».

Por último, recuerda que la Ley de Transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública) establece como principio general que «todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico» (art. 35), estableciéndose, además, que tal derecho solo puede ser limitado por causa tasadas muy concretas (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, etc.) (art. 37) «sin que en ninguna de dichas causas conste 'no disponer de medios', como argumenta el Gobierno de Canarias».