El Gobierno no tocará el decreto que suspende multas por residencialización pese a pedirlo San Bartolomé

Nueva vuelta de tuerca a cuenta de la residencialización de las zonas turísticas. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana instó ayer al Gobierno de Canarias a derogar el decreto ley dictado el 17 de marzo y aprobado el 8 de abril que suspende temporalmente las sanciones a los propietarios que residen en viviendas de uso turístico y redactar uno nuevo. El objetivo es que la suspensión de las sanciones sea inmediata y por dos años, y que no dependa de que los afectados reclamen esa paralización.

Para el ayuntamiento, al igual que para los sancionados, el trámite para solicitar la suspensión de la multa implica reconocer que los afectados han cometido una ilegalidad que ellos no ven así, puesto que entienden que tienen todos los derechos de vivir en estos apartamentos. Asimismo, la corporación local sostiene que la documentación que el afectado debe aportar para esgrimir esta sanción es «muy tediosa» y que se les hace «inviable».

A este respecto, la consejera de Turismo y Empleo del Ejecutivo regional, Jessica de León, indicó ayer que no significa que los propietarios «reconozcan la culpa», sino que al recurrir esa multa «justifican que el complejo en el que viven perdió su explotación en el año 2016 y lo usan como vivienda habitual».

Para De León, «la solución» a este conflicto «enquistado desde hace más de 20 años» no pasa por un nuevo decreto, sino por la modificación de las leyes turísticas, en la que ya se está trabajando para ordenar y simplificar toda la legislación.

Como indicó ayer en un acto en la ULPGC en el que se presentaron estos trabajos, en esta «solución» deben participar todas las partes implicadas: el Gobierno de Canarias, los ayuntamientos, la patronal, trabajadores, etc.

El objetivo del Gobierno de Canarias es que tanto la ley que afecta directamente a los propietarios de estos inmuebles, la 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, como la ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, se fundan en una sola para dar respuesta a las necesidades del sector turístico en la actualidad.

Las mesas de debate para lograr puntos en común entre la ciudadanía, los expertos y las corporaciones darán comienzo la próxima semana en Tenerife y Gran Canaria. En ellas participarán, durante tres días, expertos de las dos universidades públicas canarias. Se espera que el borrador de la futura ley de ordenación turística del archipiélago esté redactado en septiembre de este año, si bien, luego retornará a los grupos de trabajo para seguir avanzando en diseñar el futuro de las islas «de cara a los próximos 30 años».

A todo ello se debe añadir un trabajo de las corporaciones locales con grandes áreas turísticas, que tienen que llevar a cabo la especialización de usos en estas zonas para determinar qué corresponde a uso residencial y qué a uso turístico.

Desde la corporación municipal de San Bartolomé de Tirajana se pide que se modifique el apartado 1 de la disposición transitoria séptima. Para ello proponen que los usos residenciales «ya existentes a 1 de enero de 2017 en parcelas calificadas de uso turístico en el momento en que la ordenación urbanística haya ejecutado la especialización» se consideren «compatibles».

La futura ley de ordenación turística introducirá aspectos como la sostenibilidad, el incentivo de la iniciativa privada o la mejora de la calidad del empleo en el sector.

Las mesas de trabajo las capitanearán expertos seleccionados por la profesora de la ULPGC Inmaculada González y el profesor de la ULL Carlos Fernández.

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