Parlamento y Consultivo avalan suspender las multas por residir en las zonas turísticas

Poner orden a un problema que se arrastra de décadas es lo que pretende la llamada ley de residencialización de las zonas turísticas de Canarias. O por lo menos esa es la teoría que defiende el Gobierno de Canarias. Este martes el pleno del Parlamento de Canarias aprobó con los votos a favor de los grupos del cuatripartito –CC, PP, ASG y AHI–, y el rechazo de la oposición, la convalidación del decreto-ley de residencialización que suspende las sanciones y abre la puerta al cambio de uso para que las viviendas afectadas no sean turísticas. A su vez, se votó en contra de la opción de que se tramite como proyecto de ley, por lo que se incluirá como enmienda dentro de la Ley de Vivienda Vacacional.

Para la oposición, esta propuesta de ordenación ya «nace muerta» y tiene todos los visos de que no se va a cumplir. Pero, a juicio de la consejera de Turismo, Jéssica de León, es una «problemática compleja» derivada de la «grave inacción» de décadas ante lo que se preguntó qué quedar hacer. Y dirigiéndose a los diputados les cuestionó si estarían dispuestos a «prevaricar».

Por 34 votos a favor y 30 en contra, el Parlamento canario convalidó el decreto ley de residencialización de apartamentos turísticos, lo que significa que se suspenden los procedimientos sancionadores a los propietarios por un plazo de tres años, tiempo en el que los diferentes ayuntamientos podrán actuar.

Se abre así la puerta a que las administraciones locales puedan cambiar el uso de los apartamentos turísticos residencializados, a petición de los afectados, modificando el planeamiento municipal. De León señaló que «ningún inspector va a por nadie» y que hay «denuncias cruzadas» y ahora se trata de suspender las sanciones en curso para «proteger» a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus planeamientos. «Es una medida de respiro», dijo la titular de la Consejería de Turismo.

Además, cargó contra las fuerzas que «miraron para otro lado en el Gobierno» mientras los propietarios «llevan 13 años desprotegidos». A su juicio de la consejera, si se derogara la ley habría hasta 10.000 empleos afectados por la unidad de explotación. «Mirar para otro lado nos ha costado 3.500 millones de euros, nos ha costado 943 millones en recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo», señaló.

Al mismo tiempo, el Consejo Consultivo de Canarias se ha mostrado favorable a que se abra una moratoria de tres años para que los propietarios no sean sancionados. El dictamen, solicitado por la presidenta del Parlamento de Canarias en relación con el Decreto ley 2/2025, de 17 de marzo, de medidas urgentes relativas al deber de atenerse al uso turístico y por el que se modifica la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, indica, entre otras consideraciones, que «el principio de proporcionalidad se cumple al optar por medidas menos gravosas, en lugar de adoptar medidas definitivas o drásticas que podrían generar un daño innecesario».

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