Dictamen el Consejo Económico y Social

El CES alerta de que la ley de la vivienda vacacional genera inseguridad jurídica y del pago de indemnizaciones

El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) ha emitido un contundente dictamen sobre el anteproyecto de ley de la vivienda vacacional que presentó ayer la consejera de Turismo, Jéssica de León. El texto recoge una serie de recomendaciones al texto legal encaminadas a «alcanzar un equilibrio lógico y razonable» en la regulación de la actividad, al tiempo que pretende que la nueva ley regule la vivienda vacacional sin dañar el desarrollo económico de las islas. En este sentido el CES entiende que los pisos turísticos es una fuente significativa de ingresos para la comunidad autónoma además de generación de empleo.

Entre otras cosas, el dictamen advierte del riesgo que tiene el anteproyecto de ser objeto de reclamaciones e indemnizaciones futuras al vulnerar derechos de los propietarios que tienen ya derechos adquiridos tras incluirse un régimen transitorio. «La nueva regulación debería garantizar que los propietarios con viviendas vacacionales reguladas de acuerdo a la anterior normativa puedan continuar sus actividades, estableciendo plazos de adaptación razonables», se recoge en el dictamen.

Este órgano de consulta del Gobierno de Canarias también avisa del riesgo de que la norma genere inseguridad jurídica ante la dificultad de los ayuntamientos decumplir las responsabilidades que le delega el anteproyeto. «Preocupa la capacidad de los ayuntamientos (...). Es esencial que reciban el apoyo técnico y económico necesario (...), ya que la falta de recursos podría llevar a una paralización de facto de la actividad del alquiler vacacional mientras no se dispongan de los instrumentos de ordenación municipal adaptados», se apunta. En el dictamen el CES deja claro que la vivienda vacacional no es fenómeno «negativo», muyu al contrario destaca el impacto positivo que genera en la economía local. De ahí que abogue por regular al tiempo que por su implatación de forma sostenible.

En este sentido, el Consejo Económico y Social desvincula los pisos turísticos del problema de acceso a la vivienda que existe en las islas y avisa al Gobierno de Canarias de que, con este anteproyeto puede estar extralimitándose en sus competencias. Para el CES, no hay «base objetiva» para afirmar que la vivienda vacacional es la culpable del problema de la vivienda en Canarias. Para solventar este déficit apunta a la edificación de más vivienda pública y revisar la última modificación de la ley estatal de Arrendamientos Urbanos, que protege al inquilino a costa del propietario, lo que ha generado una huida del mercado del alquile residencia al vacacional.

El CES critica el «efecto llamada» que ha generado la norma, desde su anuncio y hasta la fecha. Solo en el último mes se han dado de alta 1.000 establecimientos con 9.000 plazas. Para futuras normas, el Consejo aboga por fijar moratorias y en este caso concreto, del alquiler vacacional, plantea una suspensión cautelar de las viviendas inscritas a lo largo del 2024.

Este órgano de consulta pide también que no se prohiba la vivienda vacacional en asentamientos agrícolas -que no rurales, aclara- que ya existen, dado que esta modalidad turística puede promover un turismo de calidad y sostenible, además de generar ecnomía y otras actividades productivas. El CES «se cuestiona» además, algunas restricciones como limitar la vivienda vacacional al 10% de las viviendas residenciales o prohibir los pisos turísticos en parcelas de uso mixto. «El legislador debe fundamentar estas decisiones para garantizar que las medidas sean razonables», se recoge en el texto.

Aboga también por «distinguir» entre grandes y pequeños tenedores y en cuanto a la prohibición de que la VPO pueda ser vivienda vacacional, el CES entiende que si la vivienda está «liberada» puede destinarse a este uso. Aboga por distintas regulaciones a nivel municipal por la disparidad de cada territorio, pero partiendo de «características comunes mínimas» para una aplicación equitativa.

Finalmente, considera «esencial» una base de datos «actualizada y precisa» de la vivienda vacacional.

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