Turismo justifica su ley del alquiler vacacional para poner orden y «proteger al pequeño propietario»

Tras meses de espera, Canarias ya conoce la normativa por la que se regirá el alquiler vacacional durante al menos esta legislatura. Una ley que según la propia Consejería de Turismo se ha «flexibilizado» durante la fase de consulta pública y que tiene como objetivo principal poner orden y «proteger al pequeño propietario».

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, acompañada del Director General de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que pese a todas las especulaciones, no se ha añadido ni quitado «ninguna competencia» a cabildos y ayuntamientos.

En el caso de los ayuntamientos, como se ya había adelantado, tendrán que elaborar su planeamiento urbanístico en los próximos cinco años para que se puedan dar de alta nuevas viviendas vacacionales en los distintos municipios. «No habrá ni una sola vivienda vacacional si no lo decide así cada municipio», explicó Rodríguez.

En cuanto a los cabildos, al igual que los municipios contarán con un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley para en el marco de la legislación de actividades clasificadas, elaborar planes de comprobación de declaración responsable a las viviendas vacacionales existentes a día de hoy.

El director general recalcó que esto no supondrá un dinero extra, ya que existe en las haciendas locales «mecanismos para sufragarlo» y que no será necesario aumentar plantilla si no lo desean y que cuentan con «medios propios y servicios externos» de sobra para llevar a cabo las tareas.

Pese a la multitud de críticas recibidas desde que se anunció la intención de regular el uso de las viviendas vacacionales, la consejera Jessica de León insistió en que ha habido un diálogo intenso y continuado con las distintas asociaciones y administraciones para en la medida de lo posible flexibilizar un anteproyecto que ha recibido más de 3.000 alegaciones en fase de consulta pública, tanto de administraciones, patronales, sindicatos y particulares.

El borrador definitivo de la ley que pretender regular el uso turístico de las viviendas recoge que en caso de ser propietario y explotador de una vivienda vacacional podrá llevar a cabo su actividad de forma indefinida en el marco de su declaración responsable, según se lee en la disposición transitoria primera del proyecto de ley. Además, en este aspecto la vivienda no podrá ser transmisible.

En caso de ser explotador pero no propietario, habrá que acudir a la disposición transitoria segunda que dicta que se podrá permanecer un total de cinco años sin tener que presentar ninguna documentación adicional sin perjuicio de que las administraciones municipales e insulares efectúen ningún tipo de comprobación. Después de que pase ese lustro, si se considera que la inversión realizada no se ve compensada en ese plazo se podrá solicitar una prórroga por cinco años más, siempre y cuando la relación con el propietario siga vigente.

Rodríguez informó que también existen otras opciones ya divulgadas con anterioridad como es la puesta en el mercado de viviendas para alquiler de larga duración por la cual el plazo se extendería hasta los 20 años.

Donde aparece una mayor flexibilización respecto al borrador original es en relación a los criterios de sostenibilidad eliminando la obligatoriedad de contar con un cargador para el vehículo eléctrico, suprimiendo a su vez el nivel de eficiencia energética, que permanece en el mínimo que se establece a día de hoy en el marco de la Unión Europea.

Rodríguez especificó que se reducen estos requisitos técnicos a la espera de que una revisión que no solo afectará a las viviendas vacacionales sino a todos los alojamientos turísticos de Canarias, potenciando la eficiencia energética y toda la movilidad sostenible para toda la planta alojativa.

Además, los explotadores de la vivienda vacacional ya no tendrán que acogerse a la superficie mínima de 39m2 en los alojamientos. Serán válidos a partir de los 25m2, lo mínimo exigido para la habitabilidad de un inmueble, siempre y cuando se cumpla con una de las diez condiciones adicionales, como puede ser una plaza privada de garaje, una piscina o aspectos relacionados con la generación de empleo o el fomento de la movilidad sostenible, entre otras.

Por otro lado, anunciaron un no «tajante» a los «pseudohoteles» y «parahoteles» destinados exclusivamente a la vivienda vacacional, dejando claro ni siquiera los planeamientos urbanísticos municipales podrán habilitar ese tipo de establecimientos.

La titular del área de Turismo anunció que se espera que el próximo lunes se tratará en Consejo de Gobierno esta materia y que a más tardar principios de octubre entre en el Parlamento de Canarias. Una norma para la cual solicitará a la cámara que se tramite de urgencia, una vez se concluya con los informes precedentes a los que ya se está sometiendo, como el del Consejo Económico Social o el de los comités de Coordinación municipal e insular.

Tras este proceso, se espera que la ley pueda estar aprobada ya en diciembre y que entre en vigor a última instancia en enero de 2025.

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