Canarias limitará al 10% el cupo de vivienda vacacional en los municipios

La titular del área de Turismo, Jessica de León, mencionó que a fecha de marzo, Canarias tiene 54.282 viviendas vacacionales, lo que es igual a 222.014 plazas, un 37% de la oferta alojativa. Ese total de plazas es equiparable a la suma total de la población de las islas de Fuerteventura y La Palma e incluso es superior a la suma total de las poblaciones de Lanzarote, La Gomera y El Hierro juntas y supera el 9% en relación al total de la población de las islas.

A su vez, apuntó que reponer para un uso residencial permanente todas esas viviendas destinadas a un uso turístico y a un ritmo de medio construcción de 3.000 viviendas anuales, se necesitarían casi 18 años, al margen del número adicional de viviendas que exige el crecimiento cada año. Además, harían falta 500 hectáreas de suelo urbanizable para alcanzar ese fin.

En el mismo sentido, señaló que el de crecimiento de un 25% de viviendas destinadas a un uso turístico en un solo año, puesto en relación con el número de viviendas construidas anualmente, reflejaría un aumento de casi 7.000 viviendas al año que contrarrestaría el déficit de viviendas destinadas a un uso residencial permanente como domicilio habitual.

El anteproyecto aparece como una normativa bastante más dura de lo que se preveía en un principio, exigiendo intensos requisitos de sostenibilidad, calidad y competitividad; por lo que se espera que en los próximos meses haya una burbuja en el mercado aprovechando que siguen sin estar bajo el paraguas de una ley a priori exigente.

Una de las medidas estelares de este anteproyecto es que pondrá límites a todo aquel que quiera cambiar el uso residencial de su nueva vivienda para dedicarse al alquiler vacacional. En primer lugar, desde la entrada en vigor de la normativa, tendrá que esperar un periodo de 10 años para hacer esa transición, acreditable mediante la declaración de obra nueva, o cualquier otro medio válido en derecho. Cabe recordar que hasta ahora, no existía ninguna limitación para este cambio de uso.

Otra de las directrices irá destinada para los propietarios que ya posean una vivienda vacacional, a los que se les someterá a una inspección para comprobar que cumplen los parámetros establecidos y de no hacerlo, serán penalizados sin poder ejercer la actividad turística durante 10 años. De la misma forma, si una zona de mercado residencial se calificara como tensionada, ello implicaría la suspensión automática de la habilitación de nuevas viviendas vacacionales siempre y cuando siga vigente tal declaración.

En este sentido, el director general de Promotur, Miguel Ángel Rodríguez, expresó que aparte de ser necesario que el municipio acredite disponer de suelo suficiente para la vivienda permanente y que no esté afectado por las normas de mercado residencial tensionado, será «imprescindible argumentar que esa habilitación es compatible con el uso turístico residencial y tendrán que usar los indicadores de sostenibilidad», que el Gobierno pondrá a su disposición.

Los representantes de Turismo señalaron que se dotará a los 88 municipios de Canarias «de infinitas herramientas» para poder garantizar un adecuado planeamiento urbanístico que respete todos los parámetros que Canarias necesita en su camino hacia la descarbonización.

Tras un periodo de tiempo en el que fue necesaria la autorización previa para acceder al alquiler vacacional, el anteproyecto registra en ese aspecto, que solo hará falta a partir de la puesta en vigor de la ley la tramitación electrónica de la declaración responsable. Este permiso tendrá una validez de cinco años, con posibilidad de renovación por la misma duración mediante una nueva declaración responsable simplificada, de comprobarse que no ha habido ningún tipo de cambio de planificación o normativa que impida seguir con la actividad tal y como se venía desarrollando.

Con esta modalidad se pretende facilitar la relación de la ciudadanía con la administración, de la misma forma que la comunicación entre anfitriones y plataformas es casi exclusivamente digital, de tal modo que se trata de normalizar esa relación electrónica también con la administración y, al mismo tiempo, se favorecen las actuaciones de comprobación, inspección y notificación por parte de las administraciones.

De esta manera, el Gobierno pretende establecer el oportuno mecanismo para evitar la concurrencia de varias declaraciones responsables sobre un mismo inmueble, que afectaría gravemente a la seguridad jurídica y a la protección del consumidor.