Canarias se enfrenta a indemnizaciones millonarias de propietarios de pisos turísticos si prospera la ley

El anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso de viviendas turísticas sigue generando revuelo entre los propietarios de pisos turísticos de las islas, que se preparan para reclamar indemnizaciones millonarias ante el riesgo de que se puedan clausurar sus viviendas.

Una amenaza que ya recogía el Consejo Económico y Social en las conclusiones de su Dictamen sobre el anteproyecto, en donde se lee que «la inclusión de un régimen transitorio en el anteproyecto que afecta a derechos ya adquiridos y situaciones consolidadas» podría vulnerar estos derechos pudiendo generar reclamaciones de indemnización futuras. «La nueva regulación por tanto debería garantizar que los propietarios con viviendas vacacionales regladas de acuerdo a la anterior normativa puedan continuar sus actividades, estableciendo plazos de adaptación razonables.

Una situación que ya afecta a 47 municipios en Cataluña y que ha provocado la reclamación masiva de dueños de más de 1.500 apartamentos que reclaman una media de 650.000 euros por inmueble. Cabe recordar que la normativa que pretende aprobar Canarias está inspirada y comparte semejanzas con la ley catalana.

De ambos textos se concluye, que las indemnizaciones que se pudieran originar por una pérdida de un derecho que ya tiene un propietario que está explotando su inmueble, se tendrán que ver compensadas con el derecho del uso de la propiedad.

El profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria experto en derecho turístico, Carlos Bethencourt, anticipa que «se puede venir una avalancha de demandas» cuando un gran tenedor de viviendas vacacionales o un pequeño propietario pierda el derecho de explotación de ese piso turístico.

Según Bethencourt, cuando un propietario ya ha consolidado su derecho de uso generándose una expectativa de derecho, es decir, el creer que va a poder continuar realizando esa actividad económica, la ley debería ampararle, por lo que la cuantificación de una posible reclamación tanto en Canarias como en Cataluña puede alcanzar cifras «millonarias o multimillonarias».

Para establecer exactamente esa indemnización habría que revelar, según el experto, cuáles son las pérdidas, la expectativa de negocio y lo que es el «lucro cesante. Habría que calcular cuánto dejaría de facturar esa persona o, alternativamente, si la nueva ley le va a exigir una serie de requisitos», pudiendo la persona incluso impugnar, no tanto la validez de la ley, sino también «solicitar la indemnización por las modificaciones que esa persona va a tener que efectuar en su vivienda para poder continuar con la explotación del inmueble».

Para Bethencourt, lo que pretende el Gobierno de Canarias es «forzar la reconvención» de los edificios enteros de vivienda vacacional de los grandes tenedores que no están siendo asistidos por trabajadores y convertirlos en hoteles con servicios, mejorando así la cualificación de la oferta y generando nuevos empleos.

Pese a considerarlo «un fin loable», el experto considera que era mejor opción utilizar una normativa «menos agresiva» que permitiera llegar a mejores acuerdos y que a través de la inspección declararlos en fraude de ley para que se expulsaran este tipo de ofertas ilegales.

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