Turismo llevará la ley del alquiler vacacional a final de mes al Parlamento entre críticas de los sectores

Después de un arduo trabajo de análisis y reflexión de las casi 3.000 alegaciones que recibió en la fase de información pública el anteproyecto de ley de la vivienda vacacional, la Consejería de Turismo ha ultimado un texto definitivo que prevé llevar al Parlamento de Canarias para su debate y aprobación a final de mes.

El anteproyecto suscitó el rechazo y críticas de distintos sectores, organizaciones e incluso administraciones, como los ayuntamientos, y todo apunta a que el texto definitivo, que se llevará al Parlamento, también va a suscitar rechazo.

Distintas fuentes consultadas apuntan que las modificaciones que se han introducido son mínimas. La más destacada es que va a permitir que las viviendas vacacionales tengan como mínimo una superficie útil de 25 metros cuadrados frente a los 39 de antes pero siempre y cuando se cumplan con una serie de estándares y criterios de sostenibilidad, entre otros. Por ejemplo si tiene cargador de vehículo eléctrico, genera empleo o dispone de piscina privada.

Desde la Federación Canaria de Municipios (Fecam) el texto sigue despertando recelo puesto que deja en manos de las administraciones locales la toma de decisiones poco populares, según indican fuentes próximas. Tal es así que la propia consejera de Turismo, Jéssica de León, pidió en su día valentía a los alcaldes para aplicar la norma.

Para los complejos de vivienda vacacional que son edificios completos y que el anteproyecto obliga a reconvertirse en turístico o residencial, el nuevo texto no recoge que la modificación de uso se haga de forma automática por los ayuntamientos -como se solicitaba-, sino que deben solicitarlo los interesados con las demoras que esto puede implicar.

Ante las restricciones que incluye la norma, en los últimos meses se ha producido una «avalancha» de altas de viviendas vacacionales en Canarias. En el último mes se han registrado más de 1.000 pisos turísticos, con un total de 9.100 plazas.

Ante esta situación, los cabildos de las islas de mayor tamaño y dimensión turística: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, consideran la idoneidad de establecer una moratoria temporal, hasta que empiece a aplicarse la norma, para evitar que siga creciendo de forma desaforada el número de viviendas en alquiler vacacional.

En este sentido se manifestó esta semana la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Ayer el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, también barajó esta posibilidad. «Habrá que ver las condiciones y la forma en la que se plantea pero una moratoria puede ser una opción a tener en cuenta», indicó Morales, que reconoció estar preocupado por el incremento que están registrando las viviendas vacacionales «y que no se termine de actuar» sobre el sector.

Morales también consideró la necesidad de modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que, según dijo, «profundiza en el problema de la falta de vivienda.

«Es necesario legislar y actuar de manera inmediata porque el anuncio de la ley ha distorsionado y precipitado las cosas», manifestó. Finalmente, señaló que se sumará a la decisión que se tome en el marco de la Fecai.

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