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Los transportistas canarios celebrarán hoy una asamblea para decidir si siguen adelante con el paro indefinido convocado a partir del próximo lunes (28 de noviembre) o bien, desconvocan en virtud de la «buena» predisposición mostrada por el Gobierno de Canarias para tratar de dar solución a sus reivindicaciones.
Los camioneros de la Asociación de Empresas del Transporte de Mercancías (Asemtra), organización que forma parte de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), se reunieron ayer con el consejero del área, Sebastián Franquis, en un encuentro organizado de forma urgente por este último en un intento de evitar el paro.
Durante la reunión, el consejero planteó a los representantes de Asemtra y la FET, Roberto Jerez, y Agustín Espino, respectivamente, la creación de una mesa de trabajo con todos los actores implicados para negociar los cambios que reclaman en el uso del tacógrafo. Como se recordará los transportistas piden una exención de algunos aspectos técnicos del tacógrafo, al tener un difícil cumplimiento en el territorio insular y que se está traduciendo en elevadas sanciones.
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Los transportistas están a favor de que el tacógrafo se mantenga para controlar las jornadas de trabajo y los tiempos de descanso pero piden exenciones en los aspectos técnicos que, según indican, no afectarían en absoluto en el cálculo de las jornadas laborales.
La petición de los transportistas ha generado malestar entre las organizaciones sindicales que rechazan cualquier exención en el uso del tacógrafo, al entender que lo que se persigue es alargar las jornadas laborales de los trabajadores.
De ahí que Franquis haya propuesto la creación de una mesa de trabajo en la que se sienten los transportistas (empresas y autónomos), los sindicatos y los cabildos y en la que se vayan limando diferencias y avanzando para llegar a finales de enero con un acuerdo cerrado entre todos. «Se trata de buscar la mejor solución que nos garantice a todos que se cumpla con lo establecido por ley, con la legislación laboral y la seguridad vial, al tiempo que el sector pueda desarrollar su trabajo en las mejores condiciones», dijo Franquis en declaraciones a los medios tras el encuentro.
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El consejero comenzará a mantener reuniones por separado con cada una de las partes «para buscar la mejor solución» para todos y después se irá a un encuentro conjunto. Al tiempo, analizará con el Ministerio de Transportes la posibilidad de que Canarias goce de limitaciones en el uso del tacógrafo, ya que quien tiene la última palabra sobre este asunto es Madrid. «Vamos a analizar si el reglamento que rige el uso del tacógrafo permite exenciones siempre que se respete su uso para el control de las jornadas y los tiempos de descanso sobre la base de las características de esta comunidad autónoma que no es lo mismo que el continente», indicó Franquis.
El consejero se mostró confiado en que con el diálogo y el acuerdo se llegue a buen puerto y se solvente el conflicto.
La disposición de Franquis a lograr cambios en el uso del tacógrafo será analizada hoy por los transportistas, que considerarán si es un «elemento suficiente» para desconvocar el paro indefinido previsto a partir del lunes. Aunque ni Espino ni Jerez se atrevieron ayer a valorar cuál podrá ser el resultado de la asamblea debido a la «disparidad de opiniones» que hay entre los transportistas, fuentes próximas apuntan a que hay voluntad de suspender el paro.
En cuanto a la manifestación organizada para el lunes mediante una caravana de vehículos podría mantenerse como señal de protesta y «aviso» de que los problemas no están solucionados. En este sentido, la Delegación del Gobierno no había dado ayer respuesta a la petición de los transportistas para celebrarla pese a que el permiso se solicitó hace más de una semana.
Por otro lado, Franquis se comprometió a defender en una reunión que tendrá la próxima semana en Madrid una moratoria para las islas a la obligatoriedad de los vehículos frigoríficos ATP de realizar inspecciones extraordinarias. Un reciente cambio normativo obliga a pasarlas en unas instalaciones que no existen en el archipiélago, lo que obliga a las empresas a llevar sus camiones a la península con un coste que llega hasta los 8.000 euros. «Somos conscientes de que esos controles son imposibles en las islas y vamos a plantear una exención», dijo el consejero.
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