Así son las nuevas indemnizaciones por despido de las empleadas del hogar

El Gobierno mantiene el pago de 12 días por año trabajado con un máximo de seis mensualidades pero lo limita, mientras el resto tendrá que abonar una cuantía que duplica con creces la actual

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

Despedir a una empleada del hogar puede seguir saliendo barato, aunque a partir de ahora será necesario justificarlo y por escrito. Esto, junto con el acceso de este colectivo a la prestación por desempleo, es uno de los grandes cambios que trae la nueva ley aprobada por el Gobierno el pasado martes y que entra en vigor este mismo viernes.

La norma publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) resuelve por fin las dudas que surgían en torno a la extinción del contrato laboral de estas trabajadoras, uno de los aspectos que se había quedado en el aire y que más preocupaban a las familias. Solo se sabía que se había eliminado el despido por «desistimiento», que daba potestad al empleador para echar a la empleada doméstica sin necesidad de alegar causa alguna. Únicamente era necesario darle un preaviso y pagarle una indemnización equivalente a 12 días por año trabajado, con un tope de seis mensualidades; una cuantía, por tanto, muy inferior a la del resto de trabajadores por cuenta ajena, que tienen derecho a 20 días por año trabajado con un límite de 12 meses en caso de que el despido sea objetivo, o 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades si es improcedente.

Así, pese a que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había anunciado que este colectivo, el eslabón más débil del mercado laboral (formado en un 95% por mujeres), se equipararía «plenamente» en derechos con el resto de trabajadores, hay al menos una excepción: las cuantías que recibirán si las ponen en la calle serán las mismas que hasta ahora, muy inferiores a las ordinarias, «en atención a las particularidades de la relación laboral en el hogar» –según especifica el texto–. Bien es cierto que la nueva ley limita las causas y obliga a la familia a justificar debidamente y por escrito el cese de su trabajadora, pero sí podrán hacerlo como hasta ahora muchos hogares.

Concretamente, se mantendrá el despido barato de apenas 12 días por año y un máximo de seis mensualidades para aquellas familias que justifiquen una de estas tres causas: la disminución de los ingresos de la unidad familiar o incremento de sus gastos por circunstancia sobrevenida, como por ejemplo la pérdida del empleo o la declaración de incapacidad para el trabajo de la persona empleadora; la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar, como podrían ser, entre otras, la asunción de las citadas tareas por entidad pública o el cambio en las necesidades de cuidado de algún miembro de la unidad familiar (como sería el caso de que fallezca la persona que recibía cuidados o que los niños crezcan); así como el comportamiento de la persona trabajadora que fundamenta «de manera razonable y proporcionada» la pérdida de confianza de la persona empleadora.

Al igual que ahora, la familia que cese a su empleada deberá avisarla con 20 días de antelación en el caso de que lleve más de un año trabajando, o siete días si su antigüedad es inferior, así como tendrá derecho a un permiso retribuido de seis horas a la semana para buscar un nuevo empleo si trabaja a jornada completa.

Si no se dan ninguna de las causas anteriores, la familia deberá indemnizarla en función de la legislación ordinaria, lo que duplica con creces el coste actual.

Cambio en las cotizaciones

Otra novedad que desvela la nueva ley publicada este jueves son las nuevas bases de cotización que regirán a partir de 2023. Así, el Gobierno reduce los diez tramos actuales a ocho y eleva la base de cotización solo de las empleadas que trabajan pocas horas; así, si la trabajadora tiene un sueldo inferior a 270 euros, la base subirá en enero de 230 euros a 250 euros. Por el contrario, baja la cotización de los cinco tramos siguientes –y, de esta forma, se pagará menos pero la protección para ellas será menor– mientras se mantiene para las que cobran el salario mínimo o más. El objetivo es evitar el desincentivo a aumentar el número de horas trabajadas que había en el modelo actual, según fuentes del Ministerio de Seguridad Social.