El Gobierno comienza a negociar la oferta de empleo pública para este año

Lo hace con casi seis meses de retraso debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, una vez que el Ejecutivo desistió a presentarlos ante la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas. También debido a la falta de presupuestos los más de cinco millones de empleados públicos (incluidos aquí los que trabajan en empresas públicas) llevan seis meses de retraso para cobrar la subida del 2% que el Gobierno tiene comprometido para 2024; e incluso sus salarios pueden incluso elevarse otro medio punto más en función de cómo termine la inflación este año.

CSIF acudirá a la reunión de este jueves con una reivindicación: reclamar una oferta de empleo público «masiva» que permita afrontar el deterioro de los servicios públicos en diferentes ámbitos de la Administración, afrontar las jubilaciones (en la próxima década se jubilará el 60% de la plantilla) y la eliminación de la tasa de reposición, tal y como se comprometió recientemente el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá.

Además, el sindicato exigirá agilizar las convocatorias, puesto que se eternizan en ocasiones incluso varios años. Así, hay todavía miles de plazas sin cubrir desde 2020 por los retrasos en los procesos selectivos, según denunció.

CSIF, junto con UGT y CC OO, defiende hacer un calendario para los próximos años para poder planificar los recursos humanos, aunque llegan a esta reunión sin cifras. Lo que sí saben es que la Administración Pública Estatal ha perdido alrededor de 40.000 efectivos en los últimos diez años, según datos del Registro Central de Personal. Es más, las administraciones han destruido 25.600 puestos de trabajo en el primer trimestre del año, casi el 20 por ciento de todo el empleo perdido en España y la mayor cifra de la última década, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.

UGT, por su parte, exige que se incrementen las plazas de los Subgrupos C1 y C2, para asegurar una atención al público de calidad. El sindicato liderado por Pepe Álvarez subrayó que servicios tan esenciales para la ciudadanía como la Seguridad Social, el SEPE, la Inspección de Trabajo, Tráfico, etc. se encuentran colapsados por la reducción de efectivos. En el ámbito del personal laboral, ven necesario reforzar las plantillas, especialmente en centros como la base logística de Córdoba del Ministerio de Defensa o los del Imserso.

A los sindicatos también les preocupa la situación de interinidad dado que hay muchas administraciones, especialmente en el ámbito local, que aún están diseñando sus ofertas de estabilización y los ritmos de los procesos selectivos son muy lentos. Hay ámbitos como el de la educación, donde previsiblemente no se logrará alcanzar el objetivo del 8% que marca la Ley para final de este año.