Europa multa a España con 6,8 millones por el retraso en la aplicación de los nuevos permisos parentales

El TJUE propone una sanción de 6,8 millones de euros si el incumplimiento persiste una vez que se emita la sentencia, además de una multa diaria de 19.700 euros hasta que España ponga fin al incumplimiento. En el texto, el TJUE falla que España ha incumplido los plazos de trasposición y condena a pagar 6.832.000 euros y a cargar con las costas judiciales propias y de la Comisión.

Bruselas llevó a España ante el TJUE al considerar que el ordenamiento jurídico español no estaba cumpliendo con los plazos establecidos para la conciliación de la vida laboral y familiar de los progenitores y cuidadores y solicitó al TJUE condenar a nuestro país con 9.760 euros diarios a contar desde el 3 de agosto de 2022. Esta fecha se estableció porque el plazo de vencimiento para la transposición de la directiva finalizaba el 2 de agosto de ese año. A principios de mes, la multa superaba ya los 10 millones de euros.

El Gobierno ha establecido el 2 de agosto de 2024 como plazo para solicitar las dos semanas de permiso parental extra retribuido. Pero el problema es que el plazo para trasponer la directiva europea era doble. El primero venció el 2 de agosto de 2022, momento en el que se exigía el permiso de seis semanas remuneradas. Y el segundo, justo dos años después, planteaba el pago de otras dos semanas para llegar a ocho semanas pagadas para todos los progenitores por cada hijo hasta los 8 años.

Por parte del Gobierno, ayer confirmaron tras conocer la sentencia que pagarán la multa a Bruselas y precisaron que lo que no tendrán ya que abonar es la sanción coercitiva diaria de 19.760 euros al haber entrado en vigor este jueves la ampliación en tres semanas de los permisos de nacimiento y cuidados.

Tras recibir esta sentencia, desde UGT lamentaron que no haya existido una «negociación social» previa a la ampliación de los permisos parentales con el Gobierno y criticó que el real decreto ley aprobado esta semana es un «atajo» para que España no siga siendo sancionada por incumplir la directiva europea de conciliación.

«Lo más doloroso y lo que, a nuestro juicio, incumple la directiva es que: ¿Quién se puede permitir 8 semanas de permiso no retribuido? Por tanto, creo que han cogido un atajo para no ser sancionados», indicó este viernes la vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro. Por ello, aunque desde el sindicato ven positivo todo lo que sea ampliar permisos advirtieron de que los aprobados por el Gobierno «son insuficientes» y no llegan a todas las familias con menores de 1 a 8 años. «Queda un gran número de niños de familias sin estar afectados», aseguró Navarro.