El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá / Efe

El Estado pagará «el grueso» de la formación de los trabajadores en ERTE

Las empresas tendrán que diseñar el plan de formación y presentarlo al solicitar el nuevo ERTE, así como abonarán un «pequeño copago» que se compensará con las exoneraciones de las cuotas

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

Formar a los trabajadores en ERTE será un requisito indispensable a partir de octubre para poder acceder a las ayudas que ofrece el Gobierno y que se prorrogarán hasta el 31 de enero de 2022. Así se refleja en la propuesta que puso el Ejecutivo encima de la mesa en la reunión mantenida el pasado martes. La cuestión ahora es: ¿quién paga estos cursos para recualificar a los afectados? «El grueso de la formación la vamos a abonar con fondos públicos», aclaró este miércoles en una entrevista en televisión el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

No obstante, habrá una parte de esta formación, aún por determinar, que tendrán que sufragar las empresas. Se tratará de un «pequeño copago, que en cualquier caso se compensará con las exoneraciones que les ofrezca la Seguridad Social», según confirmaron a este periódico fuentes de la negociación. Es decir, las empresas tendrán que realizar una pequeña aportación para la formación de sus trabajadores, pero en una cantidad en ningún caso superior al dinero que se ahorran por no tener que pagar las cotizaciones de esos trabajadores. «Tenga en cuenta que les estamos exonerando cuotas a la Seguridad Social de una forma muy importante», se justificó Escrivá. La propuesta que está encima de la mesa prevé eximir del 100% de la cuota a aquellas empresas que tengan que cerrar por imperativo administrativo, mientras que en los ERTE de limitación se exonerará con un 50% de la cuota a compañías de menos de 50 empleados y un 40% para las más grandes.

El objetivo del Ejecutivo es vincular con carácter general la formación a las exoneraciones. Así será «en la mayoría de los casos, aunque no en todos», no, por ejemplo, cuando se den situaciones de rebrote y haya que cerrar el negocio, según explicaron a este periódico fuentes del Gobierno. Defienden este nuevo esquema argumentando que lo que buscan es que las empresas se impliquen y se comprometan en la formación de sus trabajadores ya que consideran que será la forma más efectiva para tratar de reactivarles.

«En esta ocasión es verdad que pensamos que hay un porcentaje de trabajadores difícil de saber, indefinido, cuya clave va a ser que se recapitalicen, bien para acceder a un trabajo distinto en la propia empresa o sector o incluso para transicionar a otro sector», señaló Escrivá. El ministro explicó además que las empresas tendrán un plazo de diez días, hasta el 10 de octubre, para solicitar la renovación del ERTE, ya que no se renuevan de forma automática, y junto a la solicitud deberán ya presentar un plan formativo para los trabajadores, plan al que deberá dar el visto bueno la autoridad laboral de cada comunidad autónoma. El silencio administrativo se entenderá como que se ha desestimado el ERTE. En cualquier caso, desde el ministerio se muestran abiertos a negociar los plazos y la forma. «Se trata de que el procedimiento sea razonable y todo el mundo sepa sus tiempos y sus plazos», precisó el expresidente de la AIReF.

Rechazo de sindicatos y patronal

Este cambio de modelo a menos de una semana de que tenga que ser aprobada la nueva prórroga no ha sido bien acogido por parte ni de sindicatos ni de la patronal. «Estamos como siempre sacando conejos de la chistera en el último segundo y abriendo un debate que no se puede cerrar en 24 horas», denunció Pepe Álvarez, secretario general de UGT. A su juicio, «para dar una formación hay que tener fondos, previsión, saber qué tipo de trabajadores hay y a qué tipo de formación tienen que acceder para mejorar su empleabilidad», algo que –remarcó– «no se puede hacer al día siguiente que se pone en marcha la que seguramente será la última prórroga de los ERTE».

En esta línea, Sordo emplazó a dejar esta medida al mecanismo estructural de los ERTE que se incluye en el paquete de la reforma laboral. «Tengo ciertas dudas de que la propia administración esté en disposición de garantizar planes de formación coherentes para el cuarto millón de personas que permanecen en ERTE y esta idea, que es buena estratégicamente para ERTE estructurales, si la sacamos antes de tiempo a la palestra, puede generar frustración y problemas en el mantenimiento de los ERTE hasta final de pandemia», explicó.

Los empresarios, por su parte, rechazan también este requisito, avisan de que las pymes tendrán complicado acceder a estos planes y advierten de que el sistema de formación actual no funciona, por lo que antes que nada tendrán que mejorarlo.

Prestación solo para los autónomos con la actividad suspendida

Los autónomos también tendrán ayudas por la pandemia hasta el próximo 31 de enero, pero, al igual que con los ERTE, habrá un endurecimiento. La propuesta que llevó Escrivá a la primera reunión mantenida este miércoles con las principales asociaciones es eliminar a partir de octubre el cese de actividad extraordinario para aquellos autónomos con caídas de la facturación y sin periodo cotizado. El Gobierno pretende que el grueso de los 220.000 que aún están acogidos al cese de actividad pase a recibir ayudas en forma de exoneraciones para apoyar el mantenimiento de la actividad y que la prestación se limite a quienes tienen suspendida su actividad, a los autónomos de temporada con bajos ingresos y a quienes pueden acceder a la prestación ordinaria. «Estamos en un contexto distinto de fuerte crecimiento y de levantamiento de restricciones», recalcaron fuentes del Gobierno.

Las asociaciones de autónomos rechazaron esta propuesta y llevarán una nueva a la próxima reunión. Desde ATA denunciaron que suprimir la prestación extraordinaria desde octubre dejaría sin prestación al 80% de los 226.000 que hoy la cobran.