El control de la jornada laboral no ha servido «para nada» cuatro años después
Empresarios y sindicatos coinciden en que la medida no cumple con su cometido y denuncian que es un tema del que apenas se habla
Fue el 12 de mayo de 2019, hace ya casi 4 años cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que pretendía regular los horarios de los trabajadores y evitar que estos mismos sufrieran el mal de trabajar horas extras sin remuneración alguna.
En e Real Decreto-ley se estableció que el incumplimiento de la ley se trata como infracción grave con multa, en su grado mínimo, de 626 € a 1.250 €; en su grado medio de 1.251 € a 3.125 €; y en su grado máximo de 3.126 € a 6.250 €.
Sin embargo, los resultados de esta medida no están siendo satisfactorios a la hora de que los empresarios abonen todas las horas extras. Así lo expresa Manuel Navarro, secretario general de UGT Canarias, «la obligatoriedad de realizar el fichaje a la entrada y salida de la jornada se está cumpliendo pero no todas las horas extras se pagan, por lo tanto creemos que la norma no soluciona el problema de explotación de algunas empresas».
Navarro citó que el principal problema por el que se da esta situación reside en que «los trabajadores se ven amenazados a la hora del fichaje laboral» y acaban registrando en el sistema menos horas de las que en realidad han trabajado. «Se están perdiendo millones de euros en horas extra y nadie está controlando que los horarios se cumplan porque inspección de trabajo está saturadísima, añadió Navarro.
No obstante, el secretario general de UGT en Canarias considera que hay soluciones para este problema. La primera precisaría un aumento en la dotación de personal en el Ministerio de Trabajo, para así poder cubrir de una manera más eficiente las inspecciones en las empresas.
La segunda opción, según Navarro pasa por que las empresas comiencen a tener más representación sindical en sus plantillas. De esta forma se aumentaría el control y se reducirían las malas prácticas por parte de los empresarios. El problema surge cuando esta representación sindical es «muy afín al mando empresarial, haciendo que esa medida acabe por ser inútil», señaló Navarro que mencionó a los sectores de la hostelería, el comercio y el transporte como los más afectados por el impago de las horas extra por parte de los empresarios. «En las empresas pequeñas es más complicado pero en las grandes debería existir más control, el problema es que la gente tiene miedo a denunciar y al final la situación no mejora».
En España, las horas extra sin remunerar ascendieron a las 2,9 millones semanales, un 58% de ellas realizadas por hombres
Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, (CC OO), Inocencio González, valoró que el número de horas extra que los trabajadores hicieron en 2022 fue un 8% más que las realizadas en 2021 sumando un total de 6.783.900 horas semanales, lo que supone alcanzar niveles que no se veían desde 2009.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), del total de horas extras realizadas semanalmente en España, 3,88 millones fueron remuneradas, un 13% más que en 2021 y 2,89 millones no pagadas, un 1,56% más. Así, el 42,7% de las horas llevadas a cabo para alargar la jornada no recibieron compensación, ni económica, ni en días libres. Para González, el aumento del 13% en horas remuneradas «significa que las empresas ven que las normas están ahí y que la inspección les puede caer en cualquier momento», por lo que no se arriesgan y abonan las horas extras, pero en muchos otros sitios los trabajadores siguen fichando diferente a la realidad. «En un país con tres millones de parados la gente sabe que es fácil reemplazarlos y por ello tienen miedo a protestar».
El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, expuso una visión radicalmente diferente a los sindicatos asegurando que esta medida «está provocando deudas de los trabajadores con las empresas, antes había más flexibilidad para moverse, podías ir al médico o atender a un familiar sin problemas pero ahora se han incluido rigideces que no benefician a ninguna de las dos partes».
García consideró que de la forma que está dispuesta esta normativa «no ha contribuido a frenar ningún tipo de práctica ilegal y a parte, perjudica el clima laboral empeorando la relación entre empresarios y empleados».
En cuanto al control horario en sectores como el del transporte, García expresó que tienen que «volver a haber acuerdos entre ambas partes y que las denuncias no son muchas».
