Calviño y Díaz liman asperezas para aprobar una reforma del paro «equilibrada»

La nueva prestación tendrá cambios con respecto a la actual tras una reforma que, según resaltan fuentes de la negociación ministerial, será «equilibrada». Las conversaciones cruzadas entre los distintos ministerios se han acelerado durante los últimos días después de las polémicas que han mantenido en público Yolanda Díaz y Nadia Calviño sobre cómo debería ser la reforma del subsidio, con posturas claramente diferentes: la ministra de Trabajo a favor de ampliar la cobertura para llegar a más colectivos y elevar la cuantía, mientras la ministra de Asuntos Económicos se posiciona por recortar la prestación con una cuantía decreciente y condiciones más exigentes.

Fuentes gubernamentales indicaron este lunes a este diario que se han percatado de la necesidad de aprobar la nueva norma este mismo martes si es posible para evitar el bloqueo del cuarto tramo de las ayudas europeas del que España sigue pendiente. Se trata de una inyección de dinero que supera los 10.000 millones de euros, por lo que el Gobierno no se la puede jugar retrasando una vez más esta reforma del subsidio comprometida ante Bruselas en los planes de recuperación que ya debía haberse aprobado el año pasado.

A última hora de este lunes los responsables técnicos de los distintos ministerios, sobre todo los de Economía y Trabajo, intentaban cerrar los últimos flecos pendientes de la estructura de la ayuda de 480 euros al mes que perciben más de 800.000 parados en toda España, en su inmensa mayoría personas que superan los 52 años que han agotado su correspondiente prestación por desempleo y que, en la mayor parte, la utilizan como pasarela hasta que acceden a su jubilación.

Desde el Gobierno consideran que la reforma a la que se ha llegado mediante el pacto es «buena» y, al mismo tiempo, supone un «cambio» con respecto al actual sistema de la prestación. Es decir, que las diferentes posturas de Calviño y Díaz han sido limadas y han tenido que ceder en sus posiciones maximalistas para llegar al acuerdo, aunque los detalles de cómo quedará el subsidio todavía se desconocen. Lo que sí está claro es que esta prestación cambiará, aunque posiblemente no lo haga ni tanto como lo quería el Ministerio de Economía ni tampoco en las mismas condiciones que pretendía el de Trabajo.

La propuesta del Díaz eleva el subsidio por desempleo –actualmente en 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem– a 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem), para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.

Además, extendería esta ayuda a los menores de 45 años sin cargas familiares, con lo que podría beneficiar a unas 152.000 personas, y a todos los trabajadores agrarios eventuales de España (no solo los de Extremadura y Andalucía), con lo que se sumarían otros 250.000 más y se superaría con creces el millón de beneficiarios. Asimismo, quiere suprimir el mes de barbecho que se exige y que se pague desde el primer día que se solicita, así como que sea compatible con un empleo durante los primeros 45 días de contrato, durante los cuales cobrarían la misma prestación que recibían hasta entonces.

Por el contrario, el diseño que propone Calviño eliminaría la prestación a muchos parados que ahora cuentan con ella (los de más edad), reduciría su duración y recortaría su cuantía, con el objetivo último de obligarles a encontrar un empleo.

Más concretamente, lo que Economía pretende es que este subsidio de 480 euros al mes que cobran algo más de 800.000 parados dure como máximo doce meses –en lugar de los actuales 30 meses– y que su cuantía sea mayor al inicio para irse reduciendo progresivamente, aunque en el cómputo final sería incluso inferior a la actual: 442 euros de media para los que lo cobren el año. Así, los tres primeros meses sería equivalente al 100% del Iprem (unos 600 euros), del cuarto al sexto mes los beneficiarios cobrarían el 80% del Iprem (480 euros), los siguientes tres meses se reduciría hasta el 65% del Iprem (390 euros) y los tres últimos meses, apenas 240 euros.

El Gobierno ha conseguido pactar entre sus propios miembros, pero lo que no ha logrado es recibir el aval de los sindicatos y de la patronal para esta reforma, que la consideran insuficiente. Desde la CEOE denuncian que aprobarán una reforma «descafeinada» que de nuevo desperdiciará la posibilidad de mejorar las pasarelas al empleo para los parados.