Yolanda Díaz, junto a Unai Sordo y Pepe Álvarez. / archivo

Hasta 10.000 euros de multa por cada trabajador temporal fraudulento

El Gobierno da una vuelta de tuerca más y endurece las sanciones a las empresas al modificar la ley para que se pague por cada empleado en la última propuesta de contrarreforma laboral

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

El Gobierno da un paso más en su lucha contra la temporalidad y en la última propuesta de contrarreforma laboral que envió el pasado jueves por la noche a los agentes sociales endurece la penalización a las empresas que utilicen de forma fraudulenta este tipo de contratación. Para ello modifica la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y lo hace a través de dos vías.

En primer lugar, eleva significativamente la cuantía de las sanciones para las compañías que cometan este tipo de infracción. Concretamente, si ya en octubre entró en vigor un nuevo incremento del 20% por el que las multas oscilan entre 750 y 7.500 euros, plantea otro nuevo alza que las elevará a entre 1.000 y 10.000 euros en función del grado. «La infracción grave se sancionará con la multa siguiente: en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros», especifica el texto que ayer debatieron en la mesa de diálogo social, donde el acuerdo aún está lejano, según manifestaron a este periódico fuentes de la negociación.

Pero la nueva propuesta no se limita solo a la cuantía de las sanciones, sino que va más allá y establece que la multa sea por «cada una de las personas trabajadoras afectadas», algo que puede elevar considerablemente el importe a pagar, puesto que la ley actual considera una infracción por cada empresa, independientemente de que tenga a un trabajador con un contrato temporal en fraude de ley o sean mil.

El Ejecutivo recoge así una de las reivindicaciones que venían exigiendo los sindicatos, que pedían endurecer las multas porque la legislación actual no servía para desincentivar el uso fraudulento de estos contratos por lo barato que les salía delinquir.

Esta nueva medida se suma así a las que ya había planteado con anterioridad el Gobierno para reducir la excesiva temporalidad que hay en España y que casi duplica la media europea, como limitar las causas de la contratación temporal, establecer un límite de tres meses para actividades ocasionales, fijar topes a su utilización en función del tamaño de empresa (solo un 4% para las más grandes) e imponer una penalización de 25 euros por cada baja de un contrato eventual para evitar malas prácticas como las altas y bajas cada fin de semana.

Así serán los nuevos ERTE

En el nuevo texto remitido por el Gobierno se ha incluido ya una nueva redacción del mecanismo RED que sustituirá con carácter permanente a los actuales ERTE y que elimina los elementos que permitían el tránsito al despido o el pago de indemnizaciones a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) –una especie de 'mochila austríaca' para el despido–, según celebró UGT, que también resaltó que se recupera la autorización administrativa previa para su aprobación.

Igual que ahora, las empresas podrán beneficiarse de unas reducciones en la cotización de sus trabajadores a cambio de formación, pero estarán obligadas a mantener durante los seis meses siguientes al ERTE a toda la plantilla.

Estos nuevos ERTE se activarían por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministerios de Asuntos Económicos, Trabajo y Seguridad Social, aunque con carácter previo se deberá informar a los agentes sociales. Se utilizarán de forma prioritaria para reducir entre un 10% y un 70% la jornada laboral de los empleados y solo si esta medida no resulta viable se recurrirá a la suspensión de empleo, según recoge el borrador, que además establece que en ningún caso servirán como justificación o aval para la adopción a nivel empresarial de medidas que afecten al empleo o las condiciones de trabajo.

Como en la propuesta anterior del Gobierno, se establecen dos modalidades para los nuevos ERTE: los ERTE «cíclicos», que tendrán una duración máxima de un año y servirán para abordar coyunturas económicas que aconsejen la adopción de instrumentos adicionales de estabilización del empleo; y los ERTE «sectoriales», que podrán aplicarse cuando un determinado sector aprecie cambios permanentes o estructurales que generen necesidades de recualificación en la plantilla. Estos últimos tendrían una duración máxima de un año, pero con posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una, y conllevarían la obligatoriedad por parte de la empresa de presentar, de forma preceptiva, un plan de recolocación, aunque no lo vayan a aplicar después. Las empresas que contraten trabajadores que provengan de estos ERTE sectoriales podrán beneficiarse durante seis meses de una reducción del 50% en sus cuotas.

El acuerdo aún está lejano, según señalaron fuentes de la patronal y CCOO. UGT fue quien más optimista se mostró y su vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, explicó que la recuperación de la 'ultraactividad' y la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa justificarían «absolutamente» que UGT firmara un acuerdo con el Gobierno. Por su parte, los empresarios mantienen su frontal rechazo. «Cada avance, un tropiezo. Vamos para atrás», se lamentó el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, quien afirmó que «esto no se arregla en 10 días».