La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante la reunión de este lunes con los distribuidores. / ep

Los súper se resisten a la cesta de la compra de Yolanda Díaz

La vicepresidenta y ministra de Trabajo defiende la legalidad del tope de precios planteado pese a las advertencias de Competencia

Clara Alba
CLARA ALBA Madrid

La segunda reunión de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, para topar el precio de algunos productos básicos de la cesta de la compra ha terminado sin acuerdo definitivo. La ministra de Trabajo, que ha calificado el encuentro con distribuidores y asociaciones de consumidores de «cordial», ha emplazado a una nueva reunión en las próximas semanas para analizar todas las propuestas puestas este lunes sobre la mesa.

No será fácil. Gobierno y grandes distribuidores coinciden en la necesidad de arrimar el hombro para ayudar a los hogares a superar el impacto de la escalada de precios. Pero ofertar productos rebajados y de calidad (incluyendo hortalizas, frutas, verduras, pescado, carne y huevos), como recomienda el Ejecutivo, no parece estar dentro de los planes de las grandes superficies.

Así ha quedado reflejado en la cesta de la compra presentada este mismo lunes por Carrefour, donde el producto fresco brilla por su ausencia entre los 30 que la compañía incluye en su oferta. «No se acogen a lo que hemos pedido, pero se han comprometido a analizar nuestra propuesta», insistía Yolanda Díaz sin entrar a valorar la decisión de la compañía.

Del mismo modo, Eroski ha destacado «el gran esfuerzo» que está realizando por «contener» los precios de venta público, que se ha materializado en esfuerzos promocionales durante el último trimestre y ha recordado que el margen de beneficios en un sector como el de la distribución es «estrecho», por lo que no hay «mucho lugar para la maniobra».

Tras la reunión con los ministros, los distribuidores han mostrado su disconformidad con la medida. El vicepresidente ejecutivo de Anged, Javier Millán-Astray, aseguró que «si se intenta fijar una cesta de la compra tipo, pues se están distorsionando las relaciones de las propias empresas de distribución con los propios proveedores».

Por su parte, el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo, ha afirmado no compartir la elaboración de una cesta básica para frenar la inflación y ha señalado que no es «útil ni una buena idea», ya que no es coherente con la estructura de la distribución comercial española.

El ministro Garzón ha recordado que el Gobierno solo puede «ofrecer una guía», pero que son las empresas las que deciden al final cómo, cuántos y qué productos incluyen en esta cesta básica.

El objetivo es que primer la calidad alimentaria. «En nuestro país, la tasa de obesidad infantil es el doble entre las familias más pobres que las más ricas. Cuando hay dificultades económicas, se tiende a dejar de lado patrones saludables», explicó Garzón en una comparecencia ante los medios.

En este punto, y dentro de las discusiones de este lunes, también se ha planteado la posibilidad de discriminar aún más la cesta de la compra, con la posibilidad de limitar los beneficios a las familias más vulnerables. «Se trata de dirigirnos a toda la población española, pero teniendo muy presente que hay algunas familias mucho más vulnerables, a los que la cesta de la compra puede suponer más de un 80% de su presupeusto», insistió Garzón.

Sin embargo, los grandes distribuidores insisten en que para que el 'tope' a los precios de productos básicos sea eficaz, habría que aplicar «nuevas realidades tributarias». En concreto, plantean la rebaja del IVA de algunos productos de alimentación gravados al 21% hasta el 10% , además de aplicar el tipo superreducido (4%) a otros tantos.

Desde el sector también advierten de «algún problema jurídico» que puede tener el acuerdo que plantea Díaz. Pero la ministra defendió durante su comparecencia la legalidad de su propuesta, después del aviso de Competencia sobre el riesgo frente a la legislación europea de topar el precio de los alimentos. «La propuesta es clara y no solo es legal, sino perfectamente legal», sentenció aludiendo a ciertas excepciones establecidas en la propia ley de Comercio.

Entre ellas, Díaz se refiere al artículo 13 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, establece que «el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos, así como someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa».

Desde Facua, una de las asociaciones de consumidores presentes en las negociaciones, recuerdan que esa capacidad está prevista para varios supuestos. Entre ellos «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas» y «excepcionalmente y mientras persistan las circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un sector determinado, se aprecie ausencia de competencia efectiva».

Además de los ministros Garzón y Díaz, en el encuentro del lunes participaron representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones que lo integran. También asistirán la Asociación de Supermercados Distribuidores (ANGED), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

No han acudido, sin embargo, representantes del pequeño comercio que sí lo habían solicitado, tras mostrar su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo.