La subasta de los hoteles de Santana Cazorla se 'topa' con un conflicto societario que amenaza su futuro

La subasta abierta ayer de los activos de la empresa Mar Abierto, propiedad de los Hermanos Santana Cazorla y en proceso de liquidación, no va a ser tan sencilla como 'a priori' parece. Al menos en lo que afecta a dos de los cuatro hoteles que están en venta: el Valle Taurito y el Lago Taurito, y que se ubican en una parcela que están en litigio desde hace más de 30 años.

Los titulares de ese suelo, según sentencia judicial del año 1997 y ratificada por el Supremo en 2005, solicitaron ayer mismo al juez de lo Mercantil 1 de Las Palmas que suspenda la subasta de esas dos propiedades hasta que se aclare su situación y mantenga las medidas cautelares que impuso sobre las dos fincas en 2022 ante el conflicto que existía. De no hacerlo se corre el riesgo de que la subasta se atasque y se retrase durante años.

Fue en 1991 cuando Santana Cazorla aprovechó el concurso de acreedores de la empresa Promociones Isla Verde (Proivesa), de la que era accionista en un 25%, para 'autovenderse' una parcela de 180.000 metros cuadrados por 200 millones de pesetas. Santana Cazorla segregó aquella finca -la 8873- en cuatro y cambió en el registro sus numeraciones. En una de ellas se ubica en su totalidad el Hotel Valle Taurito mientras que Lago Taurito tiene parte de sus instalaciones en otra de las parcelas segregadas. Son las fincas 21.691 y 21.693 del registro de Mogán.

Tras darse cuenta de la operación «fraudulenta» los síndicos de Proivesa (encargados de liquidar los activos de la empresa en concurso) pusieron una demanda contra Santana Cazorla que ganaron en los juzgados en 1997 -se declaró nula la compraventa-y que el Tribunal Supremo confirmó en sentencia firme en 2005.

Entonces Proivesa estaba sin actividad aunque nunca se liquidó del todo. Años después, los herederos de sus propietarios están reclamando que se haga valer sus derechos y se reconozca su titularidad, como ha dejado claro la Justicia, en el marco de l concurso de Mar Abierto.

Los actuales dueños de Proivesa, herederos de los antiguos propietarios, recurrieron al juez de lo Mercantil 1 de Las Palmas, Carlos Vielba Escobar, que lleva el concurso de Mar abierto para que impidiera la venta de estas dos parcelas.

Entonces, en julio de 2022 el juez emitió una providencia firme por la que acordó en función de la petición de los herederos de Proivesa «prohibir la disposición sobre las fincas nº 21.691 y 21.693 del Registro de la Propiedad de Mogán« y por tanto, cualquier actuación de venta sobre ellas. Sin embargo, el administrador concursal Lener Administraciones Concursales ha optado por sacar a concurso todo el paquete de activos, incluidas las dos parcelas en litigio. Fuentes próximas consideran que el administrador concursal »fue un paso más allá« de lo que debía cuando el juez le autorizó en marzo de este año a designar a la consultora CBRE Real State como entidad para realizar la liquidación de los activos de Mar Abierto. »Le dio una autorización general para designar a la empresa no para sacar a subasta todos los activos, incluidos los que están en ligitio«.

El jueves, tras conocer los herederos de Proivesa que ambas parcelas y los hoteles que están sobre ellas salían a subasta en el marco de la liquidación de Mar Abierto, remitieron al juzgado un escrito solicitando la suspensión de la subasta de las dos fincas en litigio, al fin de dar «cumplimiento de la medida cautelar acordada» por el propio Juzgado de lo Mercantil en julio de 2022. Fuentes próximas advierten de que si el juez no acepta esta petición y la subasta sigue adelante «se corre el riesgo de que se atasque y se demore durante años el proceso».

Los herederos de Proivesa temen, por su parte, que se realice la subasta y se adjudiquen las parcelas en conflicto, trasladando un problema de hace tres décadas a los nuevos adjudicatarios de estas fincas y activos.