El sector del vino exige al Gobierno aligerar las inspecciones de la filoxera para salvar la vendimia
Demandan que la Consejería de Agricultura revise casi 1.000 parcelas de la vid en el plazo de un mes para así no perder la producción de este año
La prohibición de mover uva fresca y material vegetal de la vid entre islas sin contar previamente con un informe favorable de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias ha provocado el descontento del sector viticultor y bodeguero de las islas, particularmente el de Tenerife.
Ante esta prohibición, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Islas Canarias y la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) remitieron un escrito formal al consejero titular del área, Narvay Quintero para comunicarle que no tiene un «conocimiento claro» del alcance de la propuesta de prohibición y como prueba de ello les facilitaron un listado de aproximadamente 1.000 parcelas que sería necesario inspeccionar y elaborar un informe a lo largo de un mes, para garantizar que no se pierden las vendimias en las que ya se está trabajando.
Esta inspección se antoja «ardua y compleja» desde el punto de vista de los viticultores y bodegueros ya que el tiempo de actuación es muy corto y el personal con el que cuenta la administración se presume también bastante reducido.
Además, con el fin de evitar perjuicios a los viticultores por pérdidas ocasionadas por sobremaduración, posibles ataques de hongos y diversas plagas así como que la entrada de uva a las bodegas se de pasado el plazo óptimo de vendimia, la DOP y Avibo solicitan que el plazo de emisión de estos informes no superen los tres días desde la fecha de solicitud hasta su emisión efectiva que permitiese acometer en situación legal la realización de la vendimia y el traslado a la bodega.
El sector vitivinícola ha perdido prácticamente un tercio de su producción en la última década. Cada año pierde 300 hectáreas
Para esta estimación se ha tenido en cuenta según se aprecia en el escrito, la vendimia del año pasado, sin contemplarse las nuevas altas, tanto de viticultores como de bodegas que puedan haber aparecido.
Mucho terreno por cubrir
Teniendo presente la gran cantidad de parcelas a inspeccionar y el reducido tiempo con el que se cuenta, la Consejería necesitará de una ingente cantidad de medios humanos y técnicos, así como de la necesaria planificación y organización para salvaguardar el bienestar de la vendimia de este año. Una labor de inspección para la que todavía se desconoce el número de recursos disponibles.
Desde Avibo defienden que lo ideal habría sido que la Consejería facilitara desde el primer momento el borrador de la orden en la que se va a prohibir el movimiento de uva fresca entre islas, para así poder haber hecho más aportaciones para evitar una situación que ahora mismo, es de alta preocupación en el sector. «No sabemos como se van a solventar las observaciones que hemos hecho», indica el presidente de Avibo y la DOP Islas Canarias, Juan Jesús Méndez.
Un cambio de modelo
Según el representante de los viticultores y bodegueros de las islas, el sector cuenta con un claro «problema organizativo». Al contar con once consejos reguladores y con la opinión de los cabildos, además de otras organizaciones que opinan sin «la formación técnica y científica adecuada» y sin los «criterios comerciales y empresariales necesarios» para controlar a un sector con un peso relevante en la economía canaria.
Según Méndez, dentro de su peligrosidad, la llegada de la filoxera está evidenciando la fragilidad del sector y la imposibilidad de gestión. Una debilidad que ha provocado que el sector «vaya en barrena» y haya perdido un tercio de su producción en la última década a una media de 300 hectáreas al año.
«Es necesario cambiar este modelo porque no da respuesta». El presidente de Avibo y la DOP explica que no se ha tenido en cuenta hasta ahora la sugerencia de crear una comisión técnica para que gestionara esta crisis sino que sigue haciendo a través de un modelo asambleario, el cual no da respuesta sino que deriva en medidas «populistas» que no se basan en evidencias científicas y solventes y que en «absoluto» responden a la magnitud del problema.
