El retraso en los Presupuestos amenaza con ralentizar el despliegue de los fondos europeos

Los expertos explican que la enorme brecha entre datos está en la lentitud de gestión en las comunidades autónomas, a las que el Gobierno transfiere buena parte de los recursos para su ejecución efectiva. Y esto es un problema. Porque según lo acordado con Bruselas, los 70.000 millones que se concedieron a España en la pandemia –que no hay que devolver– han de estar ejecutados por completo en agosto de 2026. Queda tiempo, pero las inversiones también lo requieren. Y en el actual contexto de inestabilidad política, con un Gobierno en funciones y el más que previsible retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cualquier retraso puede entorpecer el objetivo.

Todos coinciden, no obstante, en que el dinero en sí no corre peligro. «La primera fase del Plan de Recuperación se ha contemplado en los tres últimos Presupuestos aprobados y al de 2024 se deberían incorporar los remanentes de crédito no ejecutados, con independencia de la aprobación de los mismos. Lo importante en este momento es la ejecución del Plan, que presenta mayor dificultad al estar el Gobierno en funciones», explica Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España.

Es decir, la prórroga de los presupuestos actuales no implicaría problemas más allá de su puesta en marcha en inversiones concretas. Pero los expertos insisten en que «tanto desde el punto de vista de ejecución de los fondos como del resto de acción política, legislativa y de gobierno, es necesario la elección del Gobierno resultante del parlamento recién constituido, con capacidad para gestionar la negociación de la adenda y la ejecución del conjunto del Plan».

Lo que está claro, para tranquilidad del Gobierno, es que los fondos no se pierden «en la medida en que la petición de los mismos ya se ha realizado, tanto en su componente de transferencias –hay un calendario de desembolsos– como en su componente de préstamos (estos últimos son aproximadamente 84.000 millones de euros)», explica Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. Es más, la petición se realizó antes de la convocatoria electoral, con un Gobierno en plena actividad y no en funciones, y se encuentra en proceso de negociación con Bruselas.

De momento, la adenda o revisión del Plan de Recuperación que permitirá a España acceder a esos fondos adicionales sigue pendiente de las consideraciones de Bruselas. Pero la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha insistido recientemente en que espera tener dicha valoración en las próximas semanas. Una vez confirmada, España podrá solicitar el cuarto tramo del Plan, dotado con 10.000 millones de euros en transferencias (vinculadas a reformas como la segunda parte de la reforma de las pensiones). «Es importante que este proceso avance porque la formalización con la aprobación de Bruselas hay que realizarla antes de final de año y esto sí es posible con un Gobierno en funciones», insisten los expertos de Funcas.

En todo caso, Raymond Torres vuelve a remarcar que otra cosa distinta es el uso de ese dinero y su despliegue concreto a través de los Presupuestos o de políticas públicas. «En este caso, sí se necesitan unos Presupuestos porque es necesario que un Gobierno haya adoptado tanto medidas para prever las inversiones financiadas por los fondos como las reformas exigidas», indica.

Cabe recordar, además, que el desembolso y la utilización de los fondos está sujeto a una doble condicionalidad: que las inversiones se destinen a proyectos ligados a la economía verde y digital y a que se cumplan las reformas. «Y eso sí va a depender de que haya un Gobierno o no en funciones», advierte.