Rafael Hernández: «No he contratado de manera ilegal a nadie»

Consultado por EFE, Rafael Hernández ha negado haber contratado de «manera ilegal a nadie» y ha manifestado estar «sorprendido», después de haber dedicado toda su vida a colaborar e impulsar trabajos sociales, por lo que espera que el asunto se aclare cuanto antes.

Ha explicado que la COAG ofreció el pasado año un programa piloto de formación para menores migrantes, con el fin de buscarles una salida, que contó con subvención de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias y pasó las inspecciones correspondientes para su puesta en marcha.

Hernández ha señalado que algunas de las prácticas de formación se hacían en su finca, pero no todas, y que al programa accedieron menores migrantes de distintos centros de la isla, no solo el que dirige su hija.

Así mismo, ha admitido que Inspección de Trabajo efectuó una inspección en junio de 2023 en su finca y ha alegado que aportó toda la documentación que le fue requerida, si bien ha manifestado que, desde entonces no ha tenido ninguna comunicación al respecto, por lo que ha considerado que «todo obedece a una confusión que se resolverá, pero el daño está hecho».

Ha manifestado su sorpresa porque es bien conocida su trayectoria vital en trabajos sociales y, por ello, ha dicho que no entiende lo ocurrido, pero lo que más ha lamentado es que «se está poniendo en peligro una labor importante para ofrecer salidas a los menores inmigrantes».

El curso concluyó el pasado y su evaluación fue satisfactoria y se estaba tramitando uno nuevo para este año, ha detallado.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha informado este jueves de que ha pedido a la Fiscalía información sobre si se ha empleado de forma ilegal a menores migrantes para trabajar en fincas de cultivo.

La consejera ha señalado que ha tenido conocimiento de esta situación a través de la noticia que ha salido publicada este jueves en CANARIAS7, al tiempo que ha indicado que el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, ha estado en contacto tanto con la Fiscalía como con la propia entidad.

Ha afirmado que la Fiscalía no les ha comentado nada en relación con este hecho ni le ha pedido al Gobierno de Canarias que tome medidas cautelares ni ningún tipo de acción con este centro.

Por tanto, ha continuado, están a la espera de información detallada de estos hechos por parte de la Fiscalía y de que les informen si tienen que tomar alguna medida, como podría ser el cierre del centro.

«Estamos pidiendo esa información a la Fiscalía para que nos informe de que ha pasado, si es que ha pasado algo y como están esas actuaciones«, ha manifestado la consejera, quien ha dicho que no dispone de información al respecto, a pesar de que en los últimos meses han visitado el centro los fiscales para ver cómo se atienden a los menores.

Ha insistido en la necesidad de disponer de un informe porque el Gobierno de Canarias es el tutor legal de los niños y tiene que tener conocimiento de la situación.