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La presidenta de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, en un consejo de administración. C7
El Puerto suspende la contratación de un despacho de abogados para defender a Ibarra

El Puerto suspende la contratación de un despacho de abogados para defender a Ibarra

Calzada anunció hoy nada más entrar al consejo de administración que el punto 10.1.7 se retiraba del orden del día sin más explicación. Ese punto llevaba la ratificación para contratar el servicio para defenderlo de la querella presentada por la jefa de Dominio Público

Silvia Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de abril 2024

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La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, anunció hoy nada más entrar al consejo de administración -que comenzó con diez minutos de retraso- que se retiraba del orden del día el polémico punto 10.1.7, que llevaba la propuesta de contratación por 15.000 euros del despacho de abogados Oliva-Ayala, de Madrid, para llevar la defensa del anterior presidente del organismo Luis Ibarra. En cuanto al actual director, Francisco Trujillo, así como a la jefa de Recursos Humanos, Carmen Gloria Rodríguez, Calzada ya ha aprobado su defensa frente a la querella por prevaricación, calumnias y acoso laboral presentada contra ellos por la jefa de Dominio Público, E.M, y que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 6 de Las Palmas.

De hecho, el pasado 12 de marzo los tres acudieron a declarar al juzgado. Para la defensa de estos dos cargos también se destinarán partidas de 15.000 euros por persona.

Sin más explicación Calzada decidió retirar el punto. Poco después, ante los medios de comunicación indicó que su intención era recopilar más información para dársela al consejo de administración. La intención es llevar al próximo consejo, aún sine die, la ratificación de la contratación de los abogados del expresidente de la Autoridad Portuaria. Los vocales del consejo asumieron las palabras de Calzada y no preguntaron nada más.

Los tres investigados remitieron a principios de marzo un escrito a la presidenta solicitando la contratación de este servicio. En el caso de Trujillo y Rodríguez, se iba a justificar el contrato de los abogados por ser empleados públicos de la Autoridad Portuaria mientras que, con Ibarra, se le incluía porque los hechos incluidos en la querella se dieron cuando era presidente. Sin embargo, existía controversia y malestar entre los empleados del organismo que criticaban que el erario público tuviera que hacerse cargo de la defensa de una persona que hoy está fuera de la Autoridad Portuaria. Además, señalan que existe conflicto de intereses a la hora de que la Autoridad Portuaria se haga cargo del pago de los abogados, debido a que la promotora de la querella es también empleada pública y tiene el mismo derecho.

En la resolución que se iba a llevar hoy al consejo de administración y ha quedado en el aire se recogía que los interesados buscaron distintas ofertas de abogados, dos de ellos de Las Palmas, pero finalmente se decantaron por el despacho de Madrid a pesar del encarecimiento del precio puesto que al abono por los servicios se le añade el pago por los desplazamientos a Canarias.

La Autoridad Portuaria de Las Palmas abona cada año 120.000 euros a la Abogacía del Estado para que le preste los servicios de representación y defensa, incluia la vía penal, cuando se dan situaciones de este tipo. Sin embargo, en esta ocasión no se ha solicitado a la Abogacía del Estado la defensa por dos motivos, según fuentes próximas. De un lado, hay conflicto de intereses, como se señaló anteriormente y de otro, las acciones por las que están siendo investigados penalmene no tuvieron lugar en el desempeño lícito de sus funciones. Según las fuentes consultadas, si no se dan ambos requisitos no debe cubrirse con dinero público su defensa. De hecho, parte de la querella se fundamenta en declaraciones realizadas por Ibarra de forma personal ante distintos medios de comunicación.

Respecto al primer punto, se trata de empleados públicos contra empleados públicos del mismo organismo, con lo que se da trato de favor a dos ellos -Trujillo y Rodríguez- frente a la jefa de Dominio Público que presentó la querella y supuestamente es la víctima de las actuaciones investigadas por el Juzgado. Pese a estas circunstancias, Calzada lleva hoy a ratificación la contratación de este despacho a razón de 15.000 euros por cada uno de los investigados.

Esta situación ha vuelto a generar un malestar entre los empleados del organismo y sus sindicatos más representantivos, según apuntan fuentes próximas, que confiaban en que el punto no saliera adelante, tal y como ha ocurrido.

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