Reto futuro

El Puerto reconoce una «lentitud» que choca con la agilidad que requieren las empresas

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, planteó ayer como el «gran reto» futuro de los organismos portuarios estatales el buscar fórmulas para ganar agilidad y flexibilidad a la hora de realizar los trámites y dar una respuesta administrativa más rápida y eficiente a las empresas privadas que operan en estos recintos.

En definitiva, como apuntó se trata de reducir burocracia. «Tenemos un sistema portuario público, con recursos públicos, con normas del sector público pero gestionamos actividad comercial privada y es normal que surjan inconvenientes fruto de la lentitud de la parte pública frente a la necesidad de celeridad de la parte privada», indicó Calzada, que hizo estas declaraciones tras el consejo de administración de ayer y en el que planteó la reflexión conjunta realizada por las autoridades portuarias de España en un encuentro celebrado hace unas semanas. «Tenemos que ser más ágiles en procedimientos y tramitaciones», manifestó.

En el citado encuentro de las autoridades portuarias se analizaron los datos de aportación y asignación de cada recinto al Fondo de Compensación Interportuario, instrumento de redistribución de recursos del sistema portuario español y con el que se busca garantizar la autofinanciación del sistema. En 2023, una vez más, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, al ser una de las más rentables del sistema -con una facturación de 77 millones de euros- fue una de las que más aportó y sin embargo, se situó a la cola a la hora de recibir fondos.

De hecho, es la tercera autoridad portuaria con mayor diferencia entre lo que aporta y lo que recibe. Según los datos de Puertos del Estado, Las Palmas aportó el pasado año 2,5 millones de euros, y sin embargo, recibió 575.000. 'En el camino' se quedaron casi 2 millones de euros, que fueron a otros puertos con peor nivel de ingresos. Barcelona está a la cabeza de este déficit: aportó 6,5 millones y recibió 1,4 millones (con una diferencia negativa de 5,9 millones) y le siguió Algeciras, que aportó 3,8 millones y recibió 177.00 euros, con una diferencia negativa de 3,6 millones).

En el lado opuesto está precisamente el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es el que más gana del Fondo de Compensación Interportuario. El pasado año aportó poco más de un millón de euros y sin embargo recibió 8,3 millones de euros, con un saldo a favor de 7,2 millones. Por debajo de él hay puertos como el de Málaga, pero su saldo favorable es de apenas un millón, lejos de los 7 de Santa Cruz de Tenerife.

Calzada restó importancia a estas diferencias y destacó la fortaleza financiera y la rentabilidad del puerto de Las Palmas, razón por la que es de las autoridades portuarias que menos percibe del Fondo. Por otro lado, Calzada dio cuenta de que la Autoridad Portuaria había entrado a formar parte de la asociación Wind Europe, a la que pertenecen otros puertos, y que ayudará a Canarias a la hora de desarrollar los proyectos eólicos offshore. «Es una oportunidad», manifestó.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aprobó ayer renovar la licencia de la estiba a Enrique Delgado, CEO de la empresa Gramelcan, que le había caducado el año pasado y que había vuelto a solicitar. Delgado recupera la licencia con el 'no' del colectivo de los estibadores, representados en el consejo por su vocal Pedro Cazón. El colectivo de los estibadores considera que de la forma que Delgado realiza la estiba de sus buques en la terminal de graneles que tiene en el puerto de Arinaga, mediante dos profesionales que no pertenecen al colectivo de estibadores aunque han acreditado formación para ello, se incumple con las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

En el consejo, sin embargo se les indicó a los estibadores que si consideraban que había irregularidades en ese sentido recurrieran a la Inspección de Trabajo, ya que la Autoridad Portuaria no es el organismo competente para este asunto.

La licencia de la estiba a Gramelcan fue el asunto que acaparó mayor tiempo del consejo. De hecho, según indican fuentes próximas se estuvo debatiendo sobre ello en torno a 40 minutos.

Los estibadores no ocultaron su malestar por la decisión adoptada y no descartan «coger otros caminos», según fuentes próximas.

Varios consejeros, entre ellos, María Fernández, que ayer se estrenó en el consejo de administración, participaron en este órgano por videoconferencia.

La situación llevó a la presidenta del Puerto, Beatriz Calzada, a determinar que a partir de ahora solo se permitirá la participación por videoconferencia cuando haya cambios en la agenda. Y como mucho serán dos o tres veces a lo largo del año. Cabe reseñar que lo consejeros cobran dietas por participar en el consejo, sea presencial u online.

Ayer se despidió al Capitán Marítimo de Las Palmas, Francisco García, y aJesús Requena, consejero representante de Puertos del Estado en el órgano de La Luz.

El consejo de administración de ayer aprobó la renuncia de la empresa Disa para montar una electrolinera en el Puerto. Sin embargo, este es un trámite previo para que Disa vuelva a pedir de nuevo la licencia para este proyecto, aunque ya no en solitario, sino junto a Atlántico Gas Natural.

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