En el centro del escenario está Redexis, la compañía que se impuso en el concurso impulsado por el Ejecutivo regional, y que ubicará en ocho municipios de las islas plantas de canalización. La empresa defiende la seguridad, el compromiso ambiental y la eficiencia del servicio; el Gobierno se limita a «cumplir la legislación estatal», ante una normativa de liberalización del sector por parte del Ejecutivo central, y el Cabildo, junto a los ayuntamientos de Agüimes, Telde y La Laguna, muestra su oposición a lo que considera un material «peligrosísimo» y el paso previo para la introducción del gas. Estos son los que deben dar permiso para las obras de canalización en su suelo.
El debate se centra, además, en que la aprobación del aire propanado hará de freno para el avance hacia unas islas menos dependiente de los combustibles fósiles.
Desde Redexis aseguran que estas canalizaciones, por contra, significan un avance al respecto. Y que se trata del combustible menos contamínente de los que existen en la actualidad con el que las reducciones de CO2 se reducirán un 30% aproximadamente.
La compañía asegura, además, que así se ahorrarán riesgos porque en la actualidad muchas infraestructuras, como las hoteleras, cuentan con depósitos de propano. Y que ahora, a través de los canales, no habrá que transpórtalo por carreteras, lo que dobla la seguridad sin tener que convivir en el desplazamiento con materiales como fuel o gasóleo.
Esta posición cuenta con el apoyo de industrias como, la patronal Asinca, que confronta con la visión de los opositores, que asegura que no existe demanda en Canarias al respecto.
Antonio Morales, presidente del Cabildo, garantiza pelea para evitar su implantación en las islas. «Hipoteca el futuro de las renovables en Canarias. Es intentar meter por cualquier vía las infraestructuras gasistas», indicó.