El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Sindicatos y empresarios avisan a Escrivá de que no negociarán un nuevo cálculo para la pensión

Exigen consenso político e instan a llevar esta medida al Pacto de Toledo, mientras el ministro defiende que ampliar a 28 los años beneficia a los nuevos trabajadores

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

Paso atrás en la reforma de las pensiones que debe estar aprobada antes de que termine el año. La reunión que mantuvo este jueves el Gobierno con los agentes sociales -la primera después de que se presentara la propuesta de ampliar a 28 los años para calcular la pensión- no es que terminara sin ningún tipo de avance, sino que además los sindicatos y empresarios se plantaron ante el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y le avisaron de que no negociarán esta medida hasta que no les garanticen que cuenta con el suficiente respaldo político para ser aprobada en el Congreso. Un apoyo que, a día de hoy, parece imposible puesto que todos los grupos parlamentarios -Unidas Podemos y el resto de socios del Gobierno incluidos- han mostrado su más absoluto rechazo a una propuesta que supone un «recorte» de derechos.

«No es que no estemos en condiciones de acordar, es que no estamos ni por la labor de negociar», señaló tras el encuentro el secretario general de CC OO, Unai Sordo, quien resaltó que se trata de «una medida que no es necesaria en este momento». Además, recalcó que no forma parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo y carece, así, de consenso parlamentario.

Sordo, por tanto, abogó por tratar «el resto de medidas que están encima de la mesa» que, en su opinión, «son positivas» en su mayor parte, con la intención de «alcanzar un acuerdo en las próximas semanas». Este mismo argumento defendió UGT, quien rechaza de plano ampliar los años para calcular la pensión.

Impacto de la medida

De igual manera, desde la CEOE también instaron al Gobierno a llevar estas medidas a la mesa del Pacto de Toledo ya que no han sido avaladas por la comisión que se creó para generar consenso en una materia tan sensible y fundamental como las pensiones, al tiempo que exigen rediseñar el factor de sostenibilidad para contener el gasto del sistema, que año a año se incrementa.

El departamento de Escrivá, sin embargo, se mantuvo en sus trece y defendió esta ampliación del periodo de cálculo. Es más, esgrimió algunas cifras del impacto de la propuesta que detalló a los agentes sociales. Según sus cálculos, el nuevo sistema (pasar de 25 a 28 años, eligiendo los 28 mejores de entre 30 años) «protege mejor las pensiones de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo ante carreras laborales menos lineales, cada vez más frecuentes», según señaló el ministerio. Además, se abordaron propuestas para reducir la brecha de género en las pensiones, mejorando las lagunas de cotización de las mujeres y hombres con hijos, ye introduce mejoras para los autónomos: les rellenará por primera vez seis meses de cotización si estas lagunas se producen después de que finalice el cese de actividad.

El Gobierno se ha comprometido a recopilar todas las propuestas aportadas este jueves por los interlocutores sociales y les ha convocado a una nueva reunión para el próximo lunes 12 de diciembre, aunque, a la vista de las posturas tan dispares que mantienen, el acuerdo está aún más lejano que nunca.