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La Confederación Canaria de Empresarios considera que el anteproyecto de ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas implica una «moratoria de facto sobre la actividad económica asociada al alquiler de vivienda de uso turístico» debido a que va a impedir su desarrollo por las exigencias y limitaciones que contempla.
En sus alegaciones, hechas públicas ayer, el mismo día que terminaba el plazo para presentarlas, la patronal traslada que la situación de «emergencia habitacional» que existe en las islas se tiene que reconducir con otras herramientas jurídicas, como el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, y no con este anteproyecto de ley.
La CCE aprovecha sus alegaciones para criticar la actitud del Gobierno de Canarias, que no les abrió a los agentes económicos y sociales un «trámite diferenciado» para participar en la norma y han tenido que hacerlo en el período de alegaciones general.
La patronal cree que el propósito de la norma tiene que ser el de regular el uso turístico de la vivienda, aspecto que se ve desdibujado porque algunas de las cuestiones recogidas en el texto «implican la imposición de restricciones» que, bajo su criterio, van a impedir «el normal desarrollo de la actividad económica del alquiler vacacional».
Entre los «requisitos exagerados» del anteproyecto de ley, según la patronal, está que los inmuebles tienen que contar con una calificación energética mínima de clase C en edificaciones que existan desde 2007 y posteriores. La Confederación apunta que la mayor parte de las viviendas de Canarias poseen certificados con clasificación G y que es de «extrema dificultad» que los inmuebles obtengan los certificados que se exigen, por lo que esta norma «se convierte en un factor limitante que prácticamente se convierte en una prohibición de la actividad para más del 90% de las viviendas».
También se establece que se tiene que disponer de una toma de corriente homologada como punto de recarga para los vehículos eléctricos. La patronal propone la eliminación de este apartado puesto que «muchos turistas ni siquiera usan vehículos» y, además, si se necesita un punto de recarga, «pueden seleccionar los anuncios en base a este criterio».
La Confederación remarca que la norma redactada podría afectar a «derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto», de ahí que advierta de las numerosas demandas de indeminización. «Podría suponer numerosos litigios y reclamaciones de responsabilidad patrimonial» a la administración, avisan.
En este sentido, matiza que podrían dar este paso los propietarios de inmuebles con licencias otorgadas entre 2020 y 2024 y que quedan fuera de la exigencia de diez años de antigüedad para ejercer la actividad.
En el apartado de definiciones del texto se refieren al 'uso de hospedaje', que se define como todo aquel que sea diferente al de residencia habitual, e incluye el alquiler por habitaciones que «en ningún caso deberían ser consideradas como servicio de alojamiento turístico», explica la patronal. Indica que tendría que estar fuera del ámbito de esta futura ley y proponen que se incluya en el 'uso residencial', así como el alquiler por temporada en caso de que sea una residencia estable.
No obstante, también valoran en positivo algunas cuestiones recogidas en el texto, como la posibilidad de que las comunidades de vecinos prohiban la actividad si lo recogen sus estatutos
Apoyan de igual forma que los responsables de establecimientos turísticos tengan que constar en el Registro de la Propiedad el uso al que va a estar destinado la parcela y el inmueble para que aquellas personas que adquieran el terreno sepan qué destino hay que darle. A ello se suma que tienen que manifestar que la vivienda no está sometida a ningún régimen de protección pública.
Asimismo, se especifica en el anteproyecto de ley que las terceras personas que trabajen en el alojamiento turístico, como aquellas que entreguen las llaves, reciban a los inquilinos o limpien, tendrán que estar sometidas a la legislación laboral.
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