La vicepresidenta económica, Nadia Calviño. / R. C.

Patronal y sindicatos obligan al Gobierno a replantear su propuesta sobre los ERTE

Los empresarios piden más flexibilidad en el futuro mecanismo y UGT y CCOO quieren garantizar que no supondrá despidos

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid

Ni los representantes de la patronal ni los de los trabajadores están de acuerdo con el nuevo sistema de ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que les ha trasladado el Gobierno en el marco de la negociación de la reforma laboral. Tampoco este punto, el del mecanismo de protección del empleo en caso de crisis globales o de unas determinadas empresas, consigue el consenso para sacar adelante la derogación de la legislación laboral en vigor. Y ello a pesar de que la cuestión de los ERTE había logrado el apoyo unánime de todas las partes en las distintas ampliaciones del mecanismo durante la pandemia.

Tanto sindicatos como empresarios expusieron ayer su negativa a la aplicación del que se denominará Mecanismo RED, tal y como indican a este diario fuentes de la negociación. «Todos hemos pedido al Gobierno que reconsidere su propuesta», apuntan. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, expuso ayer su rechazo y, sobre todo, su «sorpresa» ante la procedencia de esta medida desde el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño. «Está lleno de intervencionismo y no está dejando espacio a las empresas para lo que pide Europa, que es la 'flexiseguridad' para los trabajadores y flexibilidad para que las empresas se puedan adaptar», indicó el líder de la patronal.

Una postura completamente opuesta mantienen los sindicatos, que abogan por una mayor presencia del Estado en este tipo de procesos. «No compartimos que se pretendan regular situaciones estructurales con mecanismos coyunturales», indican desde UGT. «Nos oponemos a cualquier intento de introducir, aunque sea tímidamente , la mochila austriaca» al entender que se abarata el despido. El sindicato insiste en que, según consta en las condiciones del documento que les entregó el Ejecutivo, «falta un compromiso claro de mantenimiento del empleo, como si tiene la legislación de la pandemia, o que , una vez existente la garantía de empleo, se priorice las medidas que eviten destrucción de puestos de trabajo».

Por su parte, desde CCOO indican que esa propuesta «genera muchas incertidumbres respecto a sus consecuencias en el modelo de relaciones laborales y ante los requerimientos de aclaración sobre las numerosas propuestas lanzadas». Incluso consideran que ante las limitaciones del calendario para pactar una reforma, la cuestión de los ERTE quede apartada por ahora, para centrarse en la temporalidad o las condiciones de negociación de los convenios colectivos.

El sistema de ERTE planteado por el Gobierno se da así de bruces con el diálogo social. Pocas horas antes de la reunión de este miércoles, el Ejecutivo proponía cambios en los ERTE en un documento en el que proponía, entre otras cuestiones, que se financien con un fondo propio; que los afectados por estos procesos no consuman paro, pero el tiempo que pasen con el empleo regulado tampoco computará como cotizado; y tendrán que estar autorizados por el Ejecutivo.

El nuevo mecanismo podría activarse en dos casos: por causas estructurales, cuando en un sector se produzcan cambios organizativos, técnicos o productivos estructurales o se introduzcan métodos de trabajo y de producción novedosos que generen pérdidas de competitividad si se mantiene la plantilla; o por causas cíclicas, esto es, cuando haya una crisis económica.

Dos tipos de ayuda

En el ámbito estructural, el Gobierno planteaba incorporar un plan de recolocación:las empresas que contraten a esos trabajadores tendrían derecho a una bonificación de cuotas del 50% de la aportación durante medio año. Y si se incumplieran las obligaciones de formación, las empresas deberán reintegrar el importe de las exenciones. Asimismo, los beneficios en materia de cotización se condicionaban al mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados, pero exclusivamente durante seis meses.

Los afectados tendrían derecho a una prestación del 70% de la base reguladora, compatible con un trabajo a tiempo parcial, sin que consuma paro, aunque no se cotizaría por ese periodo.

Además, la propuesta implicaba la creación de un fondo para sufragar estos nuevos ERTE, al estilo del Fondo de Reserva de las pensiones. Una especie de mochila a la que se realizan aportaciones de cara a una crisis.