El sector servicios ha sido de los más afectados en las islas por el parón impuesto por la pandemia, según constata la CCE. / ARCADIO SUÁREZ

La patronal reclama medidas específicas para las islas más afectadas por la crisis económica

La CCE propone un nuevo modelo de contrato para impulsar la recuperación ligado al Plan de Recuperación y Resiliencia

B. HERNÁNDEZ Las Palmas de Gran Canaria

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) puso ayer negro sobre blanco los malos datos que arrojan un año y medio de pandemia en el archipiélago. Tal como refleja el Informe Anual de la Economía Canaria 2020, durante el ejercicio pasado la caída del PIB en las islas duplicó la tasa nacional; la pérdida de empleo fue tres veces mayor; el paro superó en diez puntos la media del país y la actividad del sector servicios se contrajo el doble que en el resto del territorio.

Pero si estos registros fueron negativos para el conjunto del archipiélago, Lanzarote y Fuerteventura tienen unos datos especialmente perjudiciales por su alta dependencia del sector servicios y el menor peso de la administración pública, por lo que el presidente de la patronal, Agustín Manrique de Lara, y el secretario general, José Cristóbal García, reclamaron medidas específicas atendiendo a la incidencia de la crisis en estos territorios.

Los datos de la CCE revelan que en estas dos islas se resintió de manera especial el sector turístico, con una caída de visitantes extranjeros del 74,2 en Lanzarote (casi dos millones de turistas y un 72% del gasto) y un 69% en Fuerteventura. Esta incidencia se explica también, según la patronal, por el menor peso de las actividades relacionadas con la administración pública, que ronda el 17% en ambas islas frente a otros territorios como El Hierro, en las que alcanza el 37%. Por el contrario, los sectores de comercio, hostelería y transportes en Fuerteventura rondan el 50% y en Lanzarote del 46,7% frente al 26% de El Hierro o el 30% de La Palma. Estas circunstancias provocaron un aumento del paro en mas de un 40% durante el año pasado, situándose la tasa de desempleo en un 27% en Fuerteventura y un 26% en Lanzarote.

Estas cifras justifican «hacer hincapié» y adoptar medidas adicionales en las islas donde la pandemia ha tenido consecuencias más profundas y darles «un trato específico», señaló García.

Aunque rechazaron hablar de fechas para recuperar los números previos a la crisis sanitaria, los dirigentes de la patronal reconocieron que este año hay signos de recuperación -«porque partíamos de caídas muy importantes»- pero entienden que esta situación se debe analizar con «prudencia porque aún queda mucho por andar» y dependerá en gran medida de como evolucione la pandemia.

En cualquier caso, los empresarios consideran necesario establecer medidas que ayuden a esa reactivación y ven preciso impulsar propuestas que garanticen la solvencia y viabilidad de las empresas como condición clave para mantener y recuperar el empleo. En este sentido, volvieron a reclamar mayor agilidad administrativa, un asunto en el que «no se avanza», dijeron, tal como queda de manifiesto en las dificultades que existen en España para abrir un negocio, en comparación con otros países. Al respecto, la CCE ve imprescindible simplificar trámites, licencias y permisos y crear un marco legal flexible que incentive y transmita confianza y seguridad jurídica para atraer la inversión.

En cuanto a las oportunidades que se abren con la llegada de los fondos de recuperación dotados tanto por la Unión Europea como por el Estado, Manrique de Lara recordó que ha sido el propio vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, el que ha señalado las dificultades para la gestión de estos recursos. En su opinión, se precisan de «nuevas herramientas para que lleguen de forma eficiente, y para ello se ha de cambiar el marco legal, la ley de contratos o caminar hacia la simplificación y agilidad administrativa».

Por otro lado, la Confederación Canaria de Empresarios ha propuesto un nuevo modelo de contrato con el objetivo de impulsar la recuperación y que vaya ligado al Fondo de Recuperación y Resiliencia, de tal manera que se puedan recuperar cuanto antes la actividad previa a la pandemia. Tendrían una vigencia de dos años y tipos reducidos o de incentivos a la Seguridad Social. A este nuevo contrato podrían acogerse tanto las empresas de nueva creación como las ya existentes que recuperen o creen empleo.

Además, los empresarios expresaron su rechazo a la reforma laboral porque «confiere mayor rigidez al mercado».