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La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) no celebrará este año elecciones para renovar a sus órganos directivos, como corresponde cada cuatro años.
La situación de pandemia ha llevado a la organización a decidir una prórroga de un año del actual equipo, de forma que las elecciones se celebrarán en junio de 2022. Hasta entonces seguirán al frente los cargos electos en 2017: su presidente, Agustín Manrique de Lara; los tres vicepresidentes: Vicente Marrero, Gustavo Ojeda y María de la Salud Gil y Gonzalo Medina como tesorero.
La decisión se tomó ayer durante la celebración de una asamblea en la que los más de 200 asistentes votaron de forma unánime a favor de convertir al secretario general, José Cristóbal García, en vicepresidente de la organización.
La nueva vicepresidencia, creada 'ad hoc' para García, se ratificará en una asamblea electoral el próximo 30 de enero si bien es válida desde ayer mismo.
Con este nuevo cargo, la CCE, además de reconocer la trayectoria de García en la patronal -donde lleva más de 30 años- y el papel jugado en los últimos nueves meses ante los desafíos planteados por la Covid, refuerza su representantividad.
La CCE ha decidido dar mayor peso y reforzar la capacidad representativa de García en el momento en el que Manrique de Lara ostenta y compatibiliza la presidencia de la patronal con la del Círculo de Empresarios y esta situación, no bien vista por todos los sectores, se va a alargar hasta junio de 2022 (inicialmente solo iba a durar 6 meses, hasta las elecciones en junio de este año).
Ambos cargos, según indican fuentes cercanas, son compatibles al representar a la clase empresarial, si bien no todos los pronunciamientos del Círculo son compartidos por los empresarios que forman parte de la CCE.
La patronal indicó ayer en un comunicado que la prórroga del mandado de Manrique y el nombramiento de García pretende reforzar la línea ejecutiva de la CCE con un carácter más representativo, además de dotar a la CCE de estabilidad y de mayor fortalecimiento institucional en la interlocución con los agentes sociales, ante los organismos internacionales y del Estado, así como en los ámbitos autonómicos y locales en la defensa de los intereses empresariales.
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