La patronal pide a Madrid soluciones «con encaje jurídico» para que REF y ayudas sean compatibles
El presidente de la CCE, Pedro Ortega, confía en que el Estado y el Ejecutivo canario se sienten para articular una solución. El del Círculo, Agustín Manrique de Lara dice que lo ocurrido evidencia la ignorancia que hay hacia el fuero canario
Los empresarios canarios reivindicaron ayer al Gobierno de España que busque soluciones con encaje jurídico para lograr que los promotores de las islas puedan beneficiarse de los incentivos del REF, como la RIC y la DIC, al mismo tiempo que de las subvenciones públicas que convocan distintos organismos estatales para lograr el despliegue de las energías renovables en las islas.
Tanto desde de la patronal de Las Palmas, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), como desde el Círculo de Empresarios de Gran Canaria, se criticó la decisión del IDAE cinco años después de haber convocado unas ayudas y en el momento de la liquidación -cuando están las inversiones realizadas- de advertir que un mismo proyecto no puede ser objeto de incentivos del REF y de ayudas públicas. Una situación que ha puesto en un brete de más de una quincena de promotores privados que acometieron fuertes inversiones y ahora se encuentran con que, o renuncian a los incentivos o a las ayudas públicas, con un desembolso de miles de euros que no habían previsto. Se estima que el perjuicio ronda los 50 millones.
El IDAE indicó ayer que la orden que establecía las bases reguladoras señalaba que esas ayudas eran incompatibles con otras dadas «con la misma finalidad». Sin embargo, como se argumenta desde Canarias no se apuntaba de forma específica a los incentivos del REF y cuando se preguntó al IDAE sobre esto nunca hubo respuesta. Además, para Canarias el argumento de la «misma finalidad» no se justifica porque mientras el REF está para compensar los sobrecostes de un territorio alejado y fragmentado, las ayudas del IDAE iban dirigidas a fomentar las energías renovables en las islas.
«El Gobierno de España y el de Canarias tienen que reunirse para buscar una solución a un problema que está generando el IDAE y que, se mire por donde se mire, no tiene ningún sentido», indica el presidente de la CCE, Pedro Ortega. Según señala, aunque a futuro desde el Gobierno de España ya se ha apuntado que se analizarán nuevas convocatorias de ayudas públicas con el Comisionado del REF para que no se plantee esta perjudicial disparidad de criterios, en el momento actual «hay que buscar solución a los promotores afectados». En su opinión, el criterio que debe fijarse es el del tope máximo de las ayudas acumulables en la inversión de un proyecto. «Mientras no se supere ese tope no debe haber problema», dice.
Para Ortega, al igual que para el Gobierno de Canarias, además no hay duda sobre la compatibilidad: «Si tenemos un sistema de compensación por la lejanía y fragmentado que ayuda al funcionamiento (en referencia al REF) y después unas ayudas a la inversión para las renovables son cosas distintas que no se deben mezclar. No son comparables», manifiesta. El presidente de la CCE, resalta que el objetivo de las ayudas del IDAE era impulsar las renovables, «algo que no es el REF». En su opinión, la decisión del IDAE puede tener consecuencias en el desarrollo futuro de inversiones en renovables porque eleva la inseguridad jurídica sobre los incentivos del REF. «Hay que dar garantías y generar confianza si queremos avanzar en una Canarias más sostenible y reducir los costes energéticos», manifiesta.
Por su parte, el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, asegura que lo ocurrido con las ayudas del IDAE y la incompabilidad decidida por este organismo con los incentivos del REF es «una evidencia más» de la ignorancia que existe en Madrid respecto al fuero canario. «Desconocen que tenemos un REF y unas medidas compensatorias. Chocamos siempre con su desconocimiento», indica Manrique.
Manrique resalta que este tipo de circunstancias refuerza la necesidad del Comisionado del REF para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
El experto del REF en general y de la RIC en particular, Salvador Miranda, considera que existe un «problema serio de difícil resolución» ante el criterio del IDAE respecto a las ayudas para las energías renovables. «Años pasados a la convocatoria vienen a imponer su criterio y se forma un lío. Es un caso más», indica Miranda, que señala que si el asunto acaba en la vía judicial «la resolución será la de siempre».
El IDAE asegura que sus decisiones son «garantistas»
El IDAE, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y estos días en el foco mediático por equiparar los incentivos del REF a las ayudas europeas de los fondos FEDER que en 2018 se convocaron para el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos, remitió ayer un comunicado en el que asegura que cada día trabaja para dar certidumbre y seguridad a los beneficiarios de subvenciones y que aplica la normativa «de forma garantista» para que el dinero público llegue bien y se cumpla con la legislación europea en materia de ayudas de Estado.
Aseguran que su compromiso con la descarbonización de Canarias es «firme» y que están en contacto con el Gobierno de Canarias para buscar soluciones. «La casuística concreta depende de cada expediente. Estamos coordinándonos con el Gobierno de Canarias para que la información que les llega a los beneficiarios de todas las administraciones sea coherente», se apunta desde el IDAE para añadir, que hay más de 400 millones de ayudas en materia de energía y en fondos específicos para la descarbonización del archipiélago.
Lamentan que, pese a las aclaraciones realizadas al Ejecutivo sobre la decisión tomada y la petición de comentarios, aún no hayan recibido respuesta.
El Estado considera que la normativa es clara
Desde el IDAE se dejó ayer claro que en el artículo 10 de la Orden TEC/1380/2018, por la que se establecieron las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica con tecnologías eólica y fotovoltaica situadas en los territorios no peninsulares y cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER, se dejaba clara la incompatibilidad de estas subvenciones con otras «con la misma finalidad». «Las ayudas reguladas en esta orden son incompatibles con otras ayudas que se otorguen para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de otros organismos internacionales. Así mismo, son incompatibles con la percepción del régimen retributivo específico regulado en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos», se recoge en la orden y se apunta desde el IDAE.
A continuación se remiten al apartado 2 del artículo 36 del Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y en el que, según se destaca, «se recoge la naturaleza de ayudas de Estado de estas deducciones fiscales».
«Por tanto -se apunta desde el IDAE- teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo el Reglamento FEDER, habría incompatibilidad siempre que las ayudas sean para la misma finalidad. Sólo en ese supuesto, es cuando aplica la incompatibilidad. Y en ese caso, si la Administración detecta que existe registro en la BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones) formulará propuesta de revocación de ayuda -contra la que se puede alegar- salvo que el beneficiario acredite con anterioridad a la resolución definitiva de revocación de la ayuda, la renuncia y devolución de las otras ayudas incompatibles«.
En este punto, el IDAE asegura que en caso de incompatibilidad se puede elegir la ayuda que mejor convenga al beneficiario, o incluso plantear revocaciones parciales para poder beneficiarse de todas las opciones y bonificaciones a su alcance. «Eso sí, siguiendo lo que dice la Ley», se recalca desde el IDAE.
