Nuevo golpe en la mesa de la CEOE contra el Gobierno por «querer romper» el diálogo social

Dos son los motivos de este nuevo enfado: aprobar de manera unilateral y por la puerta de atrás la prevalencia de los convenios autónomicos y provinciales sobre los estatales y dar cabida a su rival Pimec, la patronal catalana amadrinada por la mujer del presidente, Begoña Gómez, en el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo dependiente del Ministerio de Trabajo. La entrada de las patronales más representativas de cada comunidad -que recoge la nueva norma publicada este miércoles en el BOE- se traducirá, previsiblemente, en una reducción del número de consejeros de CEOE y Cepyme, las dos únicas organizaciones empresariales que formaban parte de esta institución.

Y esto sucede esto apenas tres días después de otro cruce de acusaciones -que se está convirtiendo ya en habitual- entre el líder de los empresarios, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por haber acudido a un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.

A la CEOE la ha sentado muy mal que, una vez más, el ministerio dirigido por Díaz cambie normas relativas a las relaciones laborales sin haber sido negociadas previamente con los sindicatos y la patronal, como así se establece en la Constitución española, y sin tan siquiera haber sido informados. «El Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores», critican las patronales en un comunicado enviado este miércoles.

La organización empresarial acusa al Gobierno de vulnerar la Constitución al «saltarse la obligada consulta» de este tema en el diálogo social y de llevarlo a cabo sin tener en cuenta «el interés general y la prosperidad económica», sino para cumplir con el acuerdo de legislatura pactado con el PNV a cambio de sus votos. Además, consideran que esta medida «atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional» y carga contra el Ministerio de Trabajo por, una vez más, vulnerar los acuerdos alcanzados en el marco de la aprobación de la reforma laboral.

Pero, como en el fondo esto ya se lo esperaban por tratarse de un acuerdo de legislatura pactado con PNV y por haberse aprobado ya en diciembre pasado, la organización de Garamendi considera «todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses».

Esta relación cada vez más tensa dificultará aún más la posibilidad de que la patronal llegue a un acuerdo con el Gobierno para reducir la jornada a 37,5 horas, su compromiso estrella para esta legislatura.