Más del 90% de los negocios canarios no ha puesto puertas automáticas para ahorrar energía

Comercios, bazares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de exposición, teatros, cines... Todo negocio con acceso directo a la calle está obligado a cumplir con este requisito. Sin embargo, como señalan los representantes empresariales «ha sido imposible» llegar a tiempo.

De un lado, los proveedores, que han experimentado desde agosto que se aprobó el Real Decreto un importante incremento en la demanda de este tipo de puertas, no tienen la capacidad suficiente en las islas para dar respuesta.

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El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, indica que en el archipiélago no hay almacenamiento suficiente para atender la demanda y los materiales llegan cuando pueden. «Persisten los problemas del suministro», indica.

De otro lado, Moujir reseña que el sector no está en condiciones de afrontar esta inversión -que como mínimo son 3.000 euros-, sobre todo en un momento en el que se anticipa una caída de las ventas en el sector comercial por el retraimiento de la demanda en el tercer trimestre del año.

«El sector aún no ha superado la caída de ventas de la covid y ahora se enfrenta a una situación de incertidumbre con muchas preocupaciones», indica Moujir, que confía en que el Gobierno de España dé una moratoria y ayudas para poder cumplir con esta medida.

Desde Cecapyme, su presidente, Juan José Socas, aboga por esa moratoria. «El sector no está ahora para esas inversiones pero hay muchos casos de personas que cuando ya han decidido ponerse la soga al cuello y hacerlo se encuentran que no hay puertas», indica Socas.

«Debe haber una moratoria y ayudas para poder hacer frente a esta inversión», indica Socas, que pide a la administración «que deje respirar al sector con la que está cayendo».

El presidente de Cecapyme considera que la sostenibilidad y el ahorro energético es «muy importante» pero considera que un cambio de modelo «no se hace de la noche a la mañana». «Estas medidas vienen para quedarse y por ello deberían hacerse con tiempo y bien», señala.

Socas y Moujir critican además las elevadas sanciones en caso de incumplimiento y que van desde los 60.000 euros en las multas leves a los 100 millones de euros en las muy graves y que regula una norma de Industria del año 1992. «Son absolutamente desproporcionadas», indica el presidente de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina. En su caso, todos los grandes contaban ya con esas puertas automáticas.

La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) reclama también esta moratoria y ayudas financieras del Gobierno para poder cumplir con la norma. Mientras tanto, todos los sectores afectados confían en que la Dirección de Energía (Consejería de Transición Ecológica), que se encargará de la Inspección, sea flexible.

En este sentido, el consejero del área, José Antonio Valbuena, insiste en que la medida no tiene un «afán recaudatorio» y que el único objetivo es generar el mayor ahorro energético para encarar el futuro más inmediato en las mejores condiciones posibles. «El objetivo del decreto ley no es la persecución», asegura.