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Los «parias» canarios piden un tope en los precios aéreos

Los «parias» canarios piden un tope en los precios aéreos

Ellos mismos denuncian que son considerados como los «parias canarios», personas excluidas de las ventajas que de las que gozan los demás. Su delito: las circunstancias les han llevado a salir las islas. Y su condena: pagar cerca de 1.000 euros por volver a su tierra en avión desde la península.

Jueves, 1 de enero 1970

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María, natural de Gran Canaria, trabaja en Madrid, y sufre la impotencia de no poder estar cerca de su padre, enfermo de Alzheimer, por los desorbitados precios de los billetes. Perdió la residencia en las islas –y con ella su derecho al 50% de bonificación en los viajes desde la península– porque se compró una vivienda de protección oficial en la capital de España y teme perderla si vuelve a empadronarse en su tierra.

Los vericuetos de la vida llevaron a otra canariona, Ángela González, a afincarse en Murcia hace dos años. Hace unos días le llegó una notificación oficial para que se presente urgentemente en Gran Canaria y cumpla con el trámite de someterse a una revisión medica antes de ocupar la plaza de sanitaria que ha ganado en una oposición. Los billetes de ida y vuelta más baratos que encontró entre Alicante –el aeropuerto más cercano desde su residencia actual– y Gran Canaria le costaban 900 euros sin el descuento de residente. «Afortunadamente, pude retrasar el examen médico casi dos semanas, y he conseguido billetes por 400 euros», explica en conversación telefónica.

Son solo dos de tantos ejemplos de lo que sufren «los parias canarios» –como la propia Ángela describe su estatus–, quienes han tenido que emigrar desde las islas a otros puntos de España, y ya no pueden beneficiarse de las bonificaciones para los residentes. Historias a veces dramáticas que los afectados cuentan en primera persona en una red social creada por la plataforma Canarios sin alas creada por isleños residentes en la península, y que reivindica que se limiten los precios de los billetes aéreos para acabar con esta discriminación.

Fernando Cabrera, uno de los impulsores de este movimiento ciudadano, se ha reunido en los últimos meses con los diputados Ana Oramas (CC), Chano Franquis (PSOE), Alberto Rodríguez (Podemos), Ana Zurita (PP) y con el líder de NC Román Rodríguez para intentar recabar su apoyo. Canarios sin alas reclama a las instituciones europeas, al Gobierno de España, y a las comunidades afectadas «que tomen las medidas políticas necesarias para garantizar la fijación de precios máximos asequibles para que los no peninsulares residentes en la Península podamos volar a sus regiones de origen, dentro del territorio nacional, sin que suponga un inasumible impacto económico».

Los avances, de momento, han sido escasos. Unidos Podemos y Ciudadanos sacaron adelante en febrero una proposición no de ley (PNL) negociada en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados gracias a la abstención del Grupo Parlamentario del PP, en la que se plantea crear una mesa de trabajo con las administraciones implicadas para garantizar «un precio razonable» en estos vuelos.

«Tenemos pocas expectativas, porque las PNL no son vinculantes, pero vamos a seguir dando la turra», anuncia Cabrera.

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