La lucha contra el coronavirus

Los autónomos sienten «desamparo»

02/04/2020

Los trabajadores por cuenta propia canarios narran en primera persona sus vicisitudes ante un estado de alarma que les ha dejado a miles de profesionales sin ingresos. La moratoria del pago de las cuotas, advierten, «no es suficiente»

Fisoterapeutas, taxistas, peluqueras, asesores fiscales... la alarma sanitaria ha dejado sin ingresos a miles de autónomos en Canarias y, en el mejor de los casos, ha mermado los de los privilegiados que pueden seguir trabajando pese al confinamiento general y a las limitaciones impuestas para que solo se mantengan las actividades esenciales. La pandemia les pasa factura, como al resto de la población, pero este colectivo se siente especialmente «desamparado» ante un Gobierno central que, aseguran, se ha olvidado de ellos. Han dejado «en la cuneta», se lamentan, a quienes sustentan la base de la economía en las islas: los autónomos.

Da igual el sector profesional, todos los testimonios lanzan una misma queja convertida en un clamor: «Las medidas económicas aprobadas no solo no solucionan los problemas a los que nos enfrentamos, sino que los agravan», resume la fisioterapeuta Carolina Mirpuri, que decidió cerrar su clínica en Vecindario desde el momento en que se decretó el estado de alarma, el pasado 15 de marzo, para garantizar la salud de sus clientes, una decisión que adoptó el conjunto de los fisioterapeutas en la provincia de Las Palmas ante la imposibilidad de ofrecer todas las garantías para evitar los contagios de Covid-19.

Los perfiles de actividad son tan diferentes como amplio es el universo de servicios que prestan, pero todos coinciden en que la moratoria de los pagos de las cuotas de autónomos aprobada por el Consejo de Ministros «no solo no resuelve nada, sino que añade quebraderos de cabeza». «Si no tenemos ingresos, no es lógico tener que pagarlas ni ahora ni dentro de seis meses», se lamenta Miguel Medina, profesor de taekwondo del Club Ilja Sport de La Isleta.

Ana Santana, asesora fiscal, se lamenta de la «inseguridad jurídica» a la que se enfrenta este colectivo. «Tenemos la obligación de presentar en tiempo y forma muchos modelos tributarios de nuestros clientes, y la información debe ser veraz ya que existe riesgo de sanciones en caso de que las cifras declaradas no se ajusten a la realidad. Pero la imposibilidad de la empresa de tener la contabilidad y sus procesos de gestión actualizados por el estado de alarma dificulta nuestro trabajo», recuerda Ana, que junto a su marido, además de atender a las obligaciones profesionales desde casa, se deben al cuidado de su hija de 3 años.